Esta práctica tiene por objeto la resolución, en vía penal, de las situaciones patológicas producidas en el seno de las compañías mercantiles de todo tipo, como consecuencia de conductas de administración desleal del patrimonio societario, falsedades en los estados contables y en la documentación de la empresa que distorsionen su imagen fiel, distracción de fondos por parte de administradores de hecho o de derecho y fraudes a terceros como consecuencia de situaciones de insolvencia provocadas fraudulentamente.
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