La reforma de la tasa judicial

27 de marzo de 2013

Por Borja Castiella, asociado de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

 

Nota: artículo publicado origninalmente en El Correo.

 

Entre las materias que cursan los alumnos de las facultades de Derecho durante su primer año de carrera universitaria se encuentra la Teoría del Derecho. En ella, aparte de otras muchas cuestiones, se estudia la diferencia entre el iusnaturalismo o aquel derecho preexistente al ser humano, permanente e inmutable, y el iuspositivismo o aquel que por el contrario hace una separación estricta entre derecho y moral, que se impone por coerción y que es temporal.

 

Sin perjuicio del atractivo que tiene para algunos el estudio de estas corrientes doctrinales presentes en la ciencia jurídica, analizadas más en profundidad en campos como el Derecho Natural o la Filosofía del Derecho, resulta interesante centrarse en una de las notas que marca la diferencia entre ambas: la temporalidad de las normas.

 

Si se analizara la realidad actual desde este prisma, mucho de lo que acontece nos impulsaría a concluir que vivimos en tiempos de preponderancia del positivismo jurídico. Podría pensarse que el padre de esta manera de entender el mundo del derecho, el austríaco Hans Kelsen, se escandalizaría por la hiperactividad legislativa o los vaivenes normativos a los que solemos enfrentarnos.

 

Ejemplo de esto es la reforma sometida a la muy reciente ley de tasas judiciales, aprobada a finales del pasado año, aplicable en la práctica desde el 17 de diciembre, y modificada por real decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero. Es decir, en apenas dos meses una norma se ha visto modificada en aspectos importantes.

 

Parece lógico que un objetivo de todo ordenamiento jurídico sea la estabilidad, para favorecer la seguridad jurídica. Se afirma que esto incide en la confianza que genera un Estado, lo que puede redundar después incluso en la mejora o empeoramiento de la situación de crisis actual.

 

No se encontrará en estas líneas ninguna crítica directa a la existencia de tasas judiciales (ya se publicó el pasado 30 de noviembre un artículo en este medio en el que se indicaban algunos de los hipotéticos pros y los contras que se observaban con la nueva regulación), ni tampoco a su reforma para intentar corregir o mitigar algunas de las circunstancias que vienen siendo denunciadas por la práctica totalidad de colectivos del mundo jurídico. El ejemplo de la reforma de las tasas en el ámbito de la Justicia sirve como hilo conductor del presente escrito.

 

El problema que se pretende resaltar es el efecto negativo que tiene para cualquier Estado la sobreabundancia de cambios normativos. No es normal que en la política legislativa, en vez de primar el análisis sereno y serio, el consenso, la idea de estabilidad (sin perjuicio de adaptarse rápido a los cambios que se dan en todos los frentes), pesen más los parches para solventar problemas a corto plazo, o la amenaza de futuras reformas de las reformas legislativas en marcha (algo muy habitual entre nuestros políticos).

 

A esto precisamente aludía el profesor García de Enterría cuando hablaba de la «hiperinflación legislativa», o Carl Schmitt con su «legislación motorizada». Ni es buena la regulación excesiva de cualquier ámbito susceptible de serlo, ni es bueno el repetido cambio.

 

Por otra parte, se debe añadir que vías previstas para casos de extraordinaria necesidad o urgencia, como es la promulgación de decretos-leyes, son utilizadas para modificar una pluralidad de normas, aunque no versen sobre aspectos estrictamente relacionados. ¿Cabe justificar al mismo tiempo la urgencia por reformar las tasas judiciales, y simultáneamente la ley de Arrendamientos Urbanos o la de Enjuiciamiento Criminal en lo tocante a la destrucción de los bienes puestos a disposición judicial? Este es el caso del reciente decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, pues aunque su leitmotiv es reformar ciertos aspectos de las tasas del ámbito de la Administración de Justicia, se aprovecha la oportunidad para modificar aspectos de más de cinco normas jurídicas, poco o nada relacionadas con aquellas.

 

En cualquier caso, descendiendo a concretos aspectos de los cambios operados, según se confirma en el preámbulo de la norma, que refiere la influencia de los planteamientos expuestos por la Defensora del Pueblo, lo cierto es que se han pretendido corregir ciertos puntos perjudiciales de las tasas.

 

Así, el variable aplicable a las personas físicas que promuevan el ejercicio de la potestad jurisdiccional se reduce al tipo del 0,1%, con un tope máximo de 2.000 euros; se abre la vía de que las acciones emprendidas por la Administración Concursal en interés de la masa de un concurso no tengan que liquidarla; o se estipula que la tasa por la impugnación de resoluciones sancionadoras por vía de recurso contencioso-administrativo no podrá exceder del 50% del importe de la sanción combatida.

 

Estos retoques que subsanan puntos controvertidos, aunque para muchos sean insuficientes o no del calado deseado, serán positivos y necesarios, pero quizás se hubiera reducido o evitado el rechazo generalizado en el mundo jurídico si en su momento se hubiera consensuado la norma con los colectivos del mismo, dada la indudable incidencia que plantea la materia con respecto al acceso a la tutela judicial.

 

Photo credit: Sam Howzit / Foter.com / CC BY

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