Segundo intento de liberalización de los servicios de estiba y desestiba en los puertos de España

16 de mayo de 2017

Por Francisco Ramón Lacomba, Cuatrecasas

Por Francisco Ramón Lacomba.

La liberalización de servicios portuarios en España, impuesta por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-576/13), mantiene abierto en este momento un proceso de transición de gran complejidad. El cumplimiento por parte del Gobierno español de la indicada Sentencia exige desmontar un sistema con varias décadas a sus espaldas, que obliga a las empresas concesionarias del servicio público de estiba y desestiba a cubrir sus necesidades de mano de obra especializada recurriendo a los estibadores portuarios de las llamadas Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), en cuyo capital también se les exige participar.

Para romper con dicho sistema, el Gobierno español, en un primer intento de cumplir con el mandato del Alto Tribunal, aprobó el Real Decreto-Ley 4/2017, de 24 de febrero, cuyas modificaciones clave, en el ámbito de las relaciones laborales, se centraban en los siguientes apartados:

 

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