Corporate Compliance y responsabilidad penal de las empresas: el nuevo Proyecto de Ley de 4 de octubre de 2013

Barcelona, 12 de diciembre de 2013

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La entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de reforma del Código Penal, en el mes de diciembre de 2010, introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal directa de la persona jurídica, que suponía la obligación implícita y genérica para las empresas de adoptar medidas eficaces de prevención de delitos. Dicha responsabilidad es compatible con la responsabilidad individual de los administradores, directivos y empleados autores del delito que se debería haber evitado.

Tras tres años de vigencia de la Ley y en el marco de una nueva reforma del Código Penal, en el Proyecto de Ley de 4 de octubre de 2013 se abordan importantes modificaciones en esta materia que tienen como finalidad aclarar algunas cuestiones que habían generado dudas y delimitar el contenido de lo que debe entenderse por “debido control”. La principal diferencia con el régimen hoy vigente es que ahora se establecen unas obligaciones expresas y concretas cuyo cumplimiento exime de responsabilidad a las personas jurídicas y que, en caso de incumplimiento, no sólo determinará la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino también la de sus administradores por no haber adoptado las medidas de vigilancia y control que resulten exigibles, conducta omisiva que se tipifica en el nuevo artículo 286 seis del PCP.

Ante el nuevo escenario que se avecina, resulta oportuno analizar el contenido del nuevo régimen legal y revisar las pautas o criterios utilizados hasta la fecha en cada empresa, atendiendo a la relevancia de las consecuencias jurídicas que para los administradores y las empresas pueden derivar de los eventuales incumplimientos. 

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