Responsabilidad y seguridad de producto en el sector de la alimentación

Valencia, 12 de julio de 2016

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La tasa de litigación en materia de responsabilidad de producto se ha incrementado exponencialmente desde la entrada en vigor de la Ley 26/1984, general para la defensa de los consumidores y usuarios, reforzada por la Ley 22/1994, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, y por el vigente Real Decreto Legislativo 1/2007, que refundió la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.

En paralelo a esta creciente actividad judicial, las autoridades comunitarias y españolas han centrado sus esfuerzos en incrementar la seguridad de los productos y en imponer importantes obligaciones a fabricantes, importadores y suministradores, que se han recogido: (i) con carácter general, en la Directiva 2001/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre, relativa a la seguridad general de los productos, transpuesta en España por el Real Decreto 1801/2003; y (ii) en el sector de la alimentación, entre otros, en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, la Ley 17/2011, de seguridad alimentaria, y la más reciente Ley 28/2015, para la defensa de la calidad alimentaria.

La gestión de riesgos en el sector alimentario es crucial, debido a que se trata de un sector altamente regulado y en el que la seguridad de los productos y el principio de precaución es primordial. En el sector de la alimentación destacan dos grupos de casos que merecen especial atención: intoxicaciones por alimentos en mal estado o contaminados, y lesiones causadas por elementos extraños en los alimentos. Un tercer grupo emergente sería el de los alimentos peligrosos por su diseño o por la insuficiencia de advertencias acerca de sus consumidores posibles o su composición.

El incremento de los litigios y de las medidas tendentes a garantizar la seguridad de los productos, unido a una intervención cada vez más intensa de las agencias de consumo, tanto estatal como autonómicas, obliga a que fabricantes, importadores y suministradores del sector de la alimentación sean conscientes de los riesgos legales a los que se enfrentan por motivo de su actividad y conozcan el mejor modo de gestionarlos y minimizarlos.

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