Diez impactos directos de la nueva ley de trabajo a distancia en España

23 de septiembre de 2020

Por: Jennifer Bel y Marc Paris

Mientras la prórroga de los ERTE por fuerza mayor derivados de la COVID-19 sigue en el aire (aunque nadie duda de que se vaya a producir), son tres las circunstancias que han confluido para que el Gobierno haya decidido aprobar ya el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, por el que se regula el trabajo a distancia, por vía de urgencia y fruto del diálogo social: (1) la necesidad de regular una materia que hasta ahora se regulaba por un único precepto sucinto y desfasado (hasta ahora, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores), dotando de mayor claridad y seguridad jurídica a esta modalidad de prestación de servicios en auge; (2) el impacto de las tecnologías y el incremento de la inversión de las empresas en recursos digitales que hacen cada vez más prescindible la presencialidad en los centros de trabajo; y (3) la situación de emergencia creada por el coronavirus, que ha puesto a prueba tanto a empresas como a trabajadores en un proceso irreversible hacia formas más flexibles de trabajar (la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 y las medidas de contención decretadas por las autoridades ha triplicado el número de empleado que trabaja a distancia en España, hasta el 30,2%, según datos de Eurofund).  

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