Costes y riesgos que tienen las empresas cuando se realizan extinciones tras la realización de un ERTE
El propósito de la sesión es analizar las obligaciones previstas en la Ley 27/2011 de aportación al Tesoro Público por extinciones de mayores de 50 años durante el año posterior a la finalización de un ERTE, obligación que puede suponer un coste de alrededor de 100.000 euros por cada despido.
De igual modo, se tratará la situación jurisprudencial actual sobre la prohibición de despedir por causas derivadas del COVID-19.
Todo este análisis se llevará a cabo desde una visión eminentemente práctica, contando con Pedro Llorente Cachorro, Consejero del Área Laboral de Cuatrecasas, y Subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el momento en que se modificó sustancialmente el régimen jurídico de la obligación legislativa de Aportación Empresarial al Tesoro Público previsto en la Ley 27/2011.
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