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SuscribirmeEn una huelga indefinida convocada en una empresa del sector de transporte público que presta servicios esenciales, durante tres jornadas concretas del paro, la empresa opera trenes dobles, normalmente empleados en situaciones de aumento de demanda como días festivos o eventos especiales, en lugar de los trenes simples inicialmente planificados en tablas previas a la huelga y que sirvieron de base para fijar los servicios mínimos por la autoridad laboral, duplicando la oferta de plazas en los servicios mínimos durante esos días.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declara —Sentencia de 12 de marzo de 2026, Rec. n.º 4382/2024—, que la decisión de la empresa vulnera el derecho de huelga del art. 28.2 de la Constitución Española (CE), al considerar ilícito el uso de trenes dobles durante las jornadas afectadas por el paro para neutralizar sus efectos.
La Sentencia reordena la doctrina sobre el ius variandi empresarial y los límites al poder de organización durante la huelga, recordando que el empresario tiene un deber de abstención frente a conductas que minimizan, reducen o neutralizan los efectos propios del paro.
Partiendo del art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, que solo regula el esquirolaje externo, el Tribunal consolida así una concepción amplia del esquirolaje —externo, interno, tecnológico y organizativo— cuando se sustituye el trabajo dejado de realizar por los huelguistas mediante otros recursos —humanos, técnicos o tecnológicos— con capacidad real para mantener la actividad productiva y proyectar hacia fuera una apariencia de normalidad.
Sobre esta base, concluye que utilizar trenes dobles no previstos en la planificación inicial, y sin causa organizativa sobrevenida, vulnera el contenido esencial del derecho de huelga como medio de presión. El efecto de reducir el impacto de la huelga sobre los usuarios y la opinión pública resulta determinante para el Tribunal.
La decisión subraya que no basta con invocar la habitualidad de un recurso técnico; será determinante acreditar que su utilización no responde a la finalidad de neutralizar o diluir los efectos del paro, ni genera una apariencia de normalidad incompatible con la función de presión propia del derecho de huelga.
El fuerte debate interno del Tribunal se refleja en la emisión de cuatro votos particulares —tres discrepantes y uno concurrente—, que sostienen abiertamente que esta resolución rompe la continuidad con la STC 17/2017, de 2 de febrero, y restringe de forma significativa el margen de maniobra reconocido hasta ahora al empresario para reordenar medios técnicos durante las huelgas. La mayoría del Tribunal, por su parte, presenta este pronunciamiento como una aclaración y actualización doctrinal ante la realidad de la automatización, la digitalización y la gestión algorítmica del trabajo.
Para compañías con operaciones intensivas en tecnología o que prestan servicios esenciales de la comunidad, la sentencia obliga a revisar los protocolos de gestión de conflictos colectivos.
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