TJUE: la validez formal de la cesión de derechos de autor, discutida en un pleito por infracción, se rige por la ley del contrato (Roma I).
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SuscribirmeEn su Sentencia de 24 de septiembre de 2026, dictada en el asunto C-176/25, IU y BT (ECLI:EU:C:2026:785), en adelante la «Sentencia», la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») da respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, Alemania) relativa a la delimitación entre los respectivos ámbitos de aplicación del Reglamento (CE) n.º 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales («Roma I»), y el Reglamento (CE) n.º 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»).
El telón de fondo de este pronunciamiento es una acción por infracción de derechos de autor en la que el demandado discutía la validez formal del contrato por el que el demandante había adquirido, en calidad de comitente-cesionario, los derechos de autor sobre la obra objeto de infracción. El TJUE concluye que esa cuestión debe considerarse materia contractual, de modo que la ley aplicable ha de determinarse conforme a Roma I y no conforme a la regla de la lex loci protectionis del artículo 8.1 de Roma II.
Litigio principal
BT, una empresaria establecida en Cottbus (Alemania), comercializaba a través de una plataforma de internet accesorios para el automóvil, entre ellos alfombrillas. Para ilustrar sus anuncios de venta en línea, entre abril de 2014 y abril de 2018 contrató los servicios de un fotógrafo polaco, con estudio en Dabrowa Górnicza (Polonia). Tras cada sesión, el fotógrafo entregaba al esposo de BT una memoria USB con los archivos de las fotografías.
Las partes no suscribieron un acuerdo escrito sobre la utilización de las fotografías ni sobre la cesión a BT de los derechos sobre ellas, ni por descontado pactaron cuál sería la ley aplicable a los servicios prestados por el fotógrafo o a la cesión de sus derechos.
En febrero y marzo de 2018, IU publicó en la misma plataforma de venta on line anuncios de venta de alfombrillas de automóvil acompañados de algunas de esas fotografías encargadas por BT. Ésta, al considerar que con ello se vulneraban los derechos exclusivos de uso que consideraba tener sobre las fotografías, demandó a IU ante los tribunales alemanes, solicitando, en particular, el cese de la vulneración de sus derechos.
El tribunal de primera instancia estimó la demanda. Entendió que las fotografías estaban protegidas en virtud del artículo 72 de la Ley alemana de Derechos de Autor y Derechos Afines (Urheberrechtsgesetz, «UrhG»), que el fotógrafo había cedido válidamente a BT los derechos exclusivos de uso sobre ellas y que IU los había infringido al poner las fotografías a disposición del público sin el consentimiento de BT. Con base en el artículo 97.1 UrhG, condenó a IU a cesar en la conducta controvertida.
IU recurrió en apelación ante el Oberlandesgericht Düsseldorf. Argumentaba que la validez formal del contrato de cesión entre BT y el fotógrafo se regía por el Derecho polaco, que debía considerarse la lex contractus con base en los artículos 4.2 y 11.1 de Roma I, ya que tanto la celebración del contrato como sus prestaciones características —la realización de las fotografías y la cesión de los derechos de uso— habían tenido lugar en el estudio del fotógrafo en Polonia. Puesto que el Derecho polaco exige que la cesión de derechos exclusivos sobre obras como las fotografías se haga por escrito, al no haberse observado ese requisito, la cesión no habría sido válida y BT carecería de legitimación activa.
BT sostenía, en cambio, que la cuestión debía resolverse conforme al artículo 8.1 de Roma II, a tenor del cual la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección (lex loci protectionis). Según BT, en el marco de un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual, la ley aplicable al contrato solamente rige el acto que genera las obligaciones, mientras que la lex loci protectionis rige el acto de disposición de los derechos reales. Como la infracción de derechos de propiedad intelectual que ella alegaba se había producido en Alemania, el contrato de cesión se regía, en esta cuestión, por el Derecho alemán, el cual no exige una forma escrita como requisito de validez de una cesión de derechos de uso sobre unas fotografías.
Cuestiones prejudiciales y marco normativo
El Oberlandesgericht Düsseldorf decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE dos cuestiones prejudiciales, a saber:
- «¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, del Reglamento [Roma II] en el sentido de que la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección también se aplica a la cuestión de la validez (formal) de la cesión de derechos exclusivos de uso de fotografías del autor al cesionario?
- En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿es decisiva la ley del contrato para la cuestión de la validez (formal) de la cesión de derechos exclusivos de uso de fotografías del autor al cesionario y, por tanto, son aplicables los artículos 4 y 11 del Reglamento [Roma I]?»
El TJUE contesta conjuntamente y reformula ambas cuestiones de la siguiente manera: si los Roma I y Roma II deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción por violación de derechos exclusivos sobre una obra protegida por derechos de autor, la cuestión de la validez formal del contrato de cesión celebrado entre el demandante y el autor de la obra debe vincularse a la materia contractual o a la materia extracontractual, de modo que la ley aplicable a esta cuestión ha de determinarse en virtud de las normas establecidas respectivamente en Roma I o en Roma II.
Conviene recordar que el artículo 8.1 de Roma II dispone que la ley aplicable a la obligación extracontractual derivada de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección. Se trata de una regla que las partes no pueden desplazar mediante un acuerdo de elección de ley (artículo 8.3 de Roma II).
Roma I, por su parte, consagra la libertad de elección de ley aplicable al contrato (artículo 3.1) y, a falta de elección, somete el contrato de prestación de servicios a la ley del país de residencia habitual del prestador (artículo 4.1.b) y, en general, a la ley de la residencia habitual de la parte que deba realizar la prestación característica (artículo 4.2), con una cláusula de cierre a favor de la ley del país que presente vínculos manifiestamente más estrechos con el contrato (artículo 4.3). En materia de forma, el artículo 11 adopta un criterio favorable a la validez del contrato: si las partes se encontraban en el mismo país en el momento de su celebración, basta con que el contrato cumpla los requisitos formales de la ley que lo rige en cuanto al fondo o los de la ley del lugar de celebración (artículo 11.1); si se encontraban en países distintos, se añaden como alternativas las leyes de los países en que se encontrase cualquiera de las partes o en que cualquiera de ellas tuviera su residencia habitual (artículo 11.2). Finalmente, el artículo 12.1.e) atribuye a la ley del contrato la regulación de las consecuencias de su nulidad.
La respuesta del Tribunal de Justicia
El TJUE parte de la premisa de que la acción ejercitada por BT se refiere a una obligación extracontractual, en tanto tiene por objeto reclamar la responsabilidad de un demandado por haber usado unas fotografías sin el consentimiento del demandante, que se proclama cesionario de derechos exclusivos sobre las fotografías. Ese uso constituiría un hecho dañoso en el sentido del artículo 2 de Roma II. Conforme al artículo 8.1 de Roma II, la ley aplicable a la obligación extracontractual que se deriva de una violación de derechos de autor es la del país para cuyo territorio se reclama la protección o lex loci protectionis.
Ahora bien, en el litigio principal, se suscitó la cuestión de la validez formal del contrato de cesión de los derechos de autor presuntamente violados. Y la cuestión prejudicial elevada al TJUE pregunta si tal cuestión también debe regirse por la lex loci protectionis, en cuanto ley que rige la obligación extracontractual derivada de la presunta violación de dichos derechos, o bien por la ley aplicable al contrato en virtud de las disposiciones de Roma I.
Siguiendo las conclusiones del Abogado General, la Sentencia considera que esta cuestión de la validez formal del contrato de cesión de los derechos de autor es autónoma y distinta de la responsabilidad de la persona que presuntamente haya cometido la violación de esos derechos. Por tanto, se encuadra en la materia contractual y no en la extracontractual, por lo que la ley aplicable a la validez formal de un contrato de cesión de derechos exclusivos de uso se debe determinar con arreglo a las disposiciones de Roma I y no de Roma II.
Según la Sentencia, esta solución está en línea con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en el espacio judicial europeo mediante normas de conflicto de leyes que presenten un alto grado de previsibilidad. El TJUE razona que la vinculación de la cuestión de la validez formal de un contrato de cesión de derechos de autor a la materia contractual garantiza al cedente y al cesionario que su contrato sea válido y que la cesión sea efectiva siempre que dicho contrato cumpla los requisitos de la ley aplicable con arreglo a las disposiciones de Roma I, aun cuando los derechos cedidos se apliquen en diversos Estados miembros, lo que, en caso de violación de esos derechos en varias jurisdicciones, daría lugar a la aplicación de diversas leyes nacionales en virtud del criterio de la lex loci protectionis.
La Comisión Europea había señalado en sus observaciones que, en un caso como el del litigio principal, la impugnación de la validez formal del contrato de cesión supone poner en cuestión la condición de cesionario y, por lo tanto, que el cesionario tenga la titularidad de los derechos exclusivos de uso que le ha cedido el autor. Por ese motivo, la Comisión entendía que el requisito de forma afectaba a la titularidad del derecho, que es algo distinto a la validez del contrato, vinculado más bien a la materia real o de los derechos de autor, y no a la materia contractual.
La Sentencia, apoyándose de nuevo en lo expuesto por el Abogado General, observa que aunque la cuestión de la validez formal de un contrato de cesión de derechos de autor está estrechamente relacionada con la de la titularidad del cesionario, no se incardina en la esencia misma de los derechos de autor o en sus características intrínsecas, ni tampoco en el derecho de propiedad sobre la obra protegida, por lo que no puede vincularse a la materia de los derechos de autor o a una materia jurídico-real. En ese sentido, dice el TJUE, esta cuestión se aparta de otros elementos relativos a los derechos de autor o a su propiedad, como los de la calificación de obra protegida, la atribución de la paternidad de la obra o el contenido y alcance de los derechos de autor, que se mencionan en los artículos 2, 5, 6 bis y 9 del Convenio de Berna (que la UE está obligada a respetar en virtud del artículo 1.4 del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor y del artículo 9 del Acuerdo ADPIC).
Por consiguiente, continúa la Sentencia, cuando un tercero impugna la validez del contrato de cesión por un requisito de forma, no está impugnando aspectos jurídico-reales o relativos a la titularidad de los derechos, sino la existencia de una relación contractual entre el cesionario y el autor. Y añade que esta interpretación, aun cuando pueda tener consecuencias sobre la transmisión o la titularidad de los derechos, queda corroborada por el artículo 12 de Roma I, a tenor del cual la ley aplicable al contrato en virtud de este Reglamento rige, en particular, las consecuencias de la nulidad del contrato. Dicho de otra forma, la ley aplicable al contrato será la que determine si el cesionario de un contrato nulo por vicio de forma debe o no ser considerado titular de los derechos en cuestión, en el entendido de que la cuestión de la titularidad es consecuencia de la cuestión primaria de la validez formal del contrato.
Prosigue la Sentencia diciendo que la vinculación de la cuestión de la validez formal de un contrato a la materia contractual no perturba el principio de territorialidad de los derechos de autor, reflejado en el artículo 5.1 y 3 del Convenio de Berna, según el cual la protección de los derechos de autor se garantiza por las leyes nacionales de cada Estado miembro; pues el hecho de que la validez formal del contrato deba apreciarse a la luz de la ley aplicable al contrato en virtud de Roma I no impide que esas leyes nacionales sigan aplicándose a los aspectos de la protección de los derechos de autor.
En ese mismo orden de ideas, dice el TJUE que tal vinculación tampoco impide la aplicación de las normas establecidas en Roma II en lo referente a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, pues si se considerase que el contrato de cesión controvertido en el litigio principal es formalmente válido con arreglo a la ley aplicable al contrato, o que BT puede ser considerado titular de los derechos en el territorio alemán, la violación de esos derechos habría de apreciarse con arreglo a la ley designada por Roma II.
Como conclusión, la Sentencia determina que el Reglamento 593/2008 (Roma I) y el Reglamento 864/2007 (Roma II) deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción por violación de los derechos de autor sobre una obra supuestamente pertenecientes a una persona, la cuestión de la validez formal del contrato de cesión celebrado entre esa persona y el autor de la obra como cedente de esos derechos debe vincularse a la materia contractual, de modo que la ley aplicable a esta cuestión ha de determinarse en virtud de las normas establecidas en Roma I.
Valoración del fallo
El resultado de la Sentencia provoca cierta perplejidad desde la óptica de la demandante, pues supone considerar que, debido a que su contrato no reunía el requisito de forma previsto en el Derecho polaco, donde trabajaba el fotógrafo a quien había encargado y de quien había adquirido las fotografías, no va a poder perseguir en Alemania a quien había utilizado las fotografías sin permiso. Una regla sobre validez del contrato que, en principio, parece llamada a cumplir su función en el marco de las relaciones entre los contratantes, acaba reportando efectos favorables al tercero infractor de la propiedad intelectual, quien se aprovecha de ese gap formal para bloquear la legitimación activa de la demandante.
Puesto que estamos ante un tema de legitimación activa, creemos que debería haberse dado más consideración al enfoque que proponía la Comisión: si la disposición o titularidad del derecho podía examinarse desde la óptica de la ley donde se reclamaba la protección, conforme a la cual BT sí estaría investida del derecho que reclamaba, ya que la ley alemana no impone un requisito de forma escrita para la cesión de los derechos sobre las fotografías.
En este sentido, es sintomático que la propia Sentencia razone, en el apartado 55, que la aplicabilidad de las normas establecidas en Roma II podría derivar de que, “al término de su análisis, el órgano jurisdiccional remitente considerase que el contrato de cesión controvertido en el litigio principal es formalmente válido con arreglo a la ley aplicable al contrato o que BT puede ser considerado titular de los derechos exclusivos de uso de que se trata en el territorio alemán”. El TJUE parece admitir aquí que BT podría ser considerado titular de los derechos, pese a la falta de validez formal del contrato de cesión con arreglo a la ley del contrato. Para ambas situaciones, dice el TJUE, “la violación de esos derechos habría de apreciarse, por su parte, con arreglo a la ley designada por el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Roma II”.
Sea como fuere, dada la prevalencia que el TJUE atribuye a las normas establecidas en Roma I, las opciones de la demandante para defender en el procedimiento principal la aplicación de la ley alemana, y por ende su legitimación activa, serían:
(i) entender que, conforme al artículo 3.1 de Roma I, las partes, implícitamente, habían elegido como lex contractus la ley alemana, al ser esta la que, en ausencia de forma escrita, permite que el contrato sea válido y con ello se produzca el resultado manifiestamente perseguido por ambas partes, a saber, la adquisición de derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías por parte de BT, y que ello resulta “de manera inequívoca” de “las circunstancias del caso”;
(ii) sostener que el contrato con el fotógrafo no era tanto, o no solo, un contrato de prestación de servicios, sino de obra y de cesión de derechos sobre ella, y que ello permitía aplicar la ley alemana, y no la del país de residencia habitual del fotógrafo, en tanto aquella sería la ley del país con el que el contrato presenta vínculos más estrechos a la luz de todas las circunstancias (art. 4.3 y 4.4 de Roma I); o bien
(iii) argumentar que el contrato se había celebrado por contratantes situados en distintos países, en cuyo caso, según el artículo 11.2 de Roma I, sería válido en cuanto a la forma no solo en el caso de reunir las condiciones de forma exigidas por la ley que lo rija en cuanto al fondo conforme a Roma I, sino también cuando reúna las condiciones de forma de la ley de los países en que se encuentren cualquiera de las partes en el momento de la celebración, o las de la ley del país en que cualquiera de las partes tuviera su residencia habitual en ese momento. Claro que, para sostener esta segunda posición, habría que acreditar que el contrato se había celebrado a distancia, por vía telefónica o telemática (lo cual era bastante probable por tener las partes su residencia en países distintos), aunque la ejecución (recogida y pago de las fotografías) hubiese tenido lugar en Polonia.
Con respecto a este último criterio, debe recordarse que la Propuesta inicial de Roma I (la “Propuesta”) preparada por la Comisión [COM(2005) 650 final, 2005/0261 (COD)], de 15 de diciembre de 2005, permitía considerar formalmente válido un contrato si cumplía los requisitos de forma exigidos por la ley que, conforme al propio Reglamento, lo rigiera en cuanto al fondo, o bien por la ley del país en el que se encontrase una de las partes -o su representante- en el momento de la celebración del contrato, o por la ley del país en el que una de las partes tuviera su residencia habitual en dicho momento, sin condicionar esta posibilidad a que el contrato se hubiera celebrado por contratantes situados en distintos países (artículo 10.1).
Semejante fórmula ampliaba las posibilidades de que el contrato se considerase válido, lo que era singularmente relevante en el caso de los contratos relativos a derechos de propiedad intelectual o industrial, ya que para ellos la ley llamada a regir el contrato a falta de elección era -según el artículo 4.1.f) de la Propuesta- la ley del país donde tuviera su residencia habitual la persona que transfiriera o cediera los derechos.
Resulta interesante saber que la delegación sueca en el Comité en materias de Derecho Civil (vid. documento del Consejo 5460/07, de 25 de enero de 2007) propuso una modificación del artículo 4.1.f) de la Propuesta para que pasara a designar, como ley del contrato, la de residencia habitual del territorio para el que se hubieran cedido o licenciado los derechos, si era un solo país, o la de residencia habitual del cesionario o licenciatario si la cesión abarcaba varios territorios. Suecia invocaba la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y aducía el hecho de que la mayoría de las disputas en torno a estos derechos tenía que ver con el alcance del derecho cedido o licenciado, por lo que era buena idea que la ley que gobernase el contrato de cesión coincidiera con la ley que gobernase el (alcance del) derecho.
En fin, dado que la regla del artículo 10.1 de la Propuesta de Roma I no se reservaba para los contratos celebrados por contratantes que operasen desde distintos países, aplicándola de forma hipotética a nuestro caso, incluso aunque IU y BT hubiesen estado ambos en Polonia en el momento de celebrar el contrato, BT habría podido invocar la ley alemana, lugar de su residencia habitual, para sostener la validez del contrato de cesión a su favor. Esta nos parece una regla más atinada que la que finalmente cuajó en Roma I.
Finalmente, un apunte desde la óptica del Derecho español. El art. 45 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual («TRLPI») señala que toda cesión de derechos de autor debe formalizarse por escrito, si bien la consecuencia que el precepto anuda al incumplimiento es que, si el cesionario desatiende el requerimiento fehaciente del autor para formalizarla, este podrá optar por la resolución del contrato. Se trata pues de un remedio resolutorio y no de una sanción de nulidad, lo que indica que la forma escrita no es un requisito constitutivo de la cesión (a salvo sectores especiales como el de la edición: art. 61.1 TRLPI). De este modo, si la ley española hubiera resultado aplicable al contrato, un tercero infractor no habría podido servirse de la falta de forma escrita para negar la legitimación del cesionario-demandante.
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