La nueva versión de las Directrices 1/2024 gradúa cada interés, revisa las medidas mitigadoras e integra la doctrina del TJUE
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SuscribirmeEl Comité Europeo de Protección de Datos («CEPD») adoptó el 10 de noviembre de 2026 tras la consulta pública, una nueva versión (2.0.) de sus Directrices 1/2024 sobre el tratamiento basado en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos («RGPD»).
La arquitectura no cambia. El interés legítimo exige superar tres condiciones acumulativas (la existencia de un interés legítimo, la necesidad del tratamiento y la ponderación), que deben evaluarse y documentarse antes de iniciar el tratamiento. Tampoco cambia su naturaleza, pues no es ni una base residual ni una puerta abierta para legitimar cualquier tratamiento. Las novedades están en los matices, y algunos de ellos tienen un recorrido práctico considerable.
El interés legítimo: más precisión y un nuevo factor de peso
Mientras el borrador exigía un interés «real y presente, y no especulativo», la versión 2.0 habla de un interés «presente y efectivo» y precisa que también lo es el vinculado a actividades ya planificadas cuya realización se prevea en un futuro próximo. Los proyectos en fase de diseño encuentran así un anclaje expreso.
Además, el CEPD reconoce ahora que no todos los intereses legítimos tienen el mismo peso. Un interés de escasa entidad solo justificará tratamientos cuyo impacto en el interesado sea insignificante, mientras que un interés más relevante podrá justificar un impacto mayor, siempre que se adopten las salvaguardas adecuadas. Si el interés coincide también con el de una comunidad más amplia, su peso en la balanza podrá aumentar.
Especial atención merece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») de 18 de junio de 2026, asunto C-484/24, NTH Haustechnik, según la cual el responsable que sabía, o debía saber, que los datos recibidos fueron recabados o conservados ilícitamente por quien se los transmite no puede recogerlos en persecución de un interés legítimo. El CEPD relaciona este criterio con su Opinión 28/2024 sobre modelos de inteligencia artificial («IA»). En la adquisición de conjuntos de datos y la licencia de modelos de terceros, la diligencia sobre el origen de los datos pasa a ser presupuesto de la propia base jurídica.
La prueba de ponderación: un cambio de enfoque en las medidas mitigadoras
El cambio de mayor calado afecta a las medidas mitigadoras. El borrador era tajante, pues estas medidas no podían consistir en cumplir obligaciones ya exigidas por el RGPD y debían ir siempre más allá. La versión 2.0 matiza esa separación y establece que, en la ponderación final, deben computarse todas las medidas que limiten el impacto del tratamiento, incluidas las legalmente exigidas. Consecuentemente, las medidas que el RGPD impone, que el borrador excluía de la ponderación, pasan ahora a contar en ella.
Únicamente si los derechos del interesado siguen pareciendo prevalecer entran en juego medidas adicionales. El CEPD admite que la frontera entre unas y otras dependerá de las circunstancias y del riesgo, y ofrece un catálogo no exhaustivo que incluye la información que supere la exigida por los artículos 13 y 14 del RGPD, un derecho de oposición incondicional previo al tratamiento, la supresión fuera de los supuestos del artículo 17.1 o un plazo razonable entre la recogida de los datos y su uso. El responsable deberá demostrar cómo estas medidas alteran el resultado de la ponderación. En cuanto a la evaluación de impacto relativa a la protección de datos («EIPD»), el texto también se endurece. Si el tratamiento entraña un alto riesgo en el sentido del artículo 35 del RGPD, ya no basta con «considerar» su realización, sino que el responsable deberá llevarla a cabo.
Transparencia y derechos de los interesados
Las Directrices incorporan la sentencia del TJUE de 9 de enero de 2025, asunto C-394/23, Mousse, de la que se derivan dos consecuencias. La primera es que, si no se informa del interés legítimo en el momento de la recogida, como exige el artículo 13.1.d) del RGPD, la recogida no puede ampararse en el artículo 6.1.f). Es el TJUE quien convierte así la transparencia en condición de licitud, y el CEPD se limita a recogerlo. La segunda es que la eventual existencia del derecho de oposición no debe tenerse en cuenta al evaluar las tres condiciones.
En la oposición del artículo 21.1 del RGPD, la «situación particular» puede responder a razones personales, sociales o profesionales, y desaparece la exigencia de que los motivos del responsable le sean «esenciales», aunque solo los motivos «imperiosos» pueden prevalecer sobre la oposición. En la rectificación, conforme a la sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2025, asunto C-247/23, Deldits, el interesado podrá tener que probar la inexactitud, pero solo en lo que razonablemente pueda exigírsele.
Contextos específicos: menores, fraude y mercadotecnia directa
Menores y prevención del fraude
En relación con los menores, la versión 2.0 ya no alude a la «elaboración extensa de perfiles», sino a la elaboración de perfiles con fines de mercadotecnia, y exige que el responsable demuestre que estas actividades prevalecen sobre los intereses de los menores. Además, la mención al Reglamento (UE) 2022/2065 de Servicios Digitales se ciñe ahora a las plataformas en línea sujetas a su artículo 28.2. En materia de fraude, desaparece la exigencia de que este sea de «importancia sustancial» y se sustituye por una escala, de modo que cuanto más graves sean sus posibles consecuencias, mayor peso tendrá el interés del responsable.
Mercadotecnia directa
El concepto de mercadotecnia directa no se limita a fines comerciales, por lo que alcanza a partidos políticos, asociaciones u organizaciones benéficas, con mención al Reglamento (UE) 2024/900 sobre publicidad política, que exige consentimiento explícito. Las Directrices añaden, además, los mensajes RCS y las aplicaciones de mensajería a los medios que requieren consentimiento previo conforme a la Directiva 2002/58/CE («Directiva sobre privacidad electrónica»).
La novedad central procede de la sentencia del TJUE de 13 de noviembre de 2025, asunto C-654/23, Inteligo Media, según la cual, cuando concurren las condiciones del artículo 13.2 de la Directiva sobre privacidad electrónica, esa disposición basta como base jurídica del envío, sin necesidad de acudir al artículo 6 del RGPD. Se reconoce también el interés en conocer las preferencias de los clientes para personalizar ofertas, aunque el seguimiento intrusivo a través de múltiples sitios o dispositivos difícilmente superará la ponderación.
El interés legítimo en el ecosistema de la IA
Un nuevo apartado remite a la Opinión 28/2024 para el desarrollo y despliegue de modelos, con ejemplos de intereses potencialmente legítimos como un agente conversacional o la detección de fraude, y a las Directrices 03/2026 sobre web scraping en la IA generativa. El texto se integra así en un terreno donde la protección de datos convive con la explotación de contenidos protegidos y la licencia de conjuntos de datos y modelos.
Conclusión
La nueva versión de las Directrices 1/2024 no altera el método de las tres condiciones, pero lo afina. La ponderación gana flexibilidad, al incorporar el peso variable de cada interés y una relación menos rígida entre medidas obligatorias y adicionales, y gana exigencia en otros frentes. La información sobre el interés legítimo en la recogida es condición de licitud, la EIPD se impone ante un alto riesgo y la procedencia lícita de los datos recibidos es presupuesto del interés legítimo.
El resultado es un texto más próximo a la jurisprudencia reciente del TJUE y más conectado con la IA y la mercadotecnia directa. Esa flexibilidad descansa, en todo caso, sobre una mayor carga de documentación, ya que quien invoque el artículo 6.1.f) del RGPD deberá acreditar no solo que superó la prueba, sino también cómo contribuyó a ello cada medida adoptada.
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