La Comisión Europea inicia negociaciones sobre la Ley de Chips

2022-12-15T20:05:00
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Esta regulación está destinada a garantizar la seguridad del suministro de semiconductores, así como la transición digital y ecológica de la UE

La Comisión Europea inicia negociaciones sobre la Ley de Chips
15 de diciembre de 2022

A comienzos del mes de diciembre de 2022 la Comisión Europea ha iniciado las negociaciones para la tramitación de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores (“Ley de Chips”). 

Los chips son activos estratégicos en algunas cadenas de suministros fundamentales de la Unión Europea (“UE”), así como facilitadores para la entrada a nuevos mercados. Los semiconductores también se han convertido en una prioridad desde un punto de vista geopolítico, al condicionar la capacidad de los países para actuar en campos tan diversos como el militar, económico o el industrial. 

Lo anterior se ha hecho todavía más patente cuando una escasez mundial de semiconductores ha perturbado en los últimos años la fabricación de diversos productos, desde videoconsolas hasta automóviles o productos sanitarios. Por ello, con la Ley de Chips, la Comisión Europea presenta una propuesta en la que destacan los siguientes aspectos:

Megafábricas

Los semiconductores son una tecnología muy sofisticada cuyo desarrollo requiere mucho tiempo y capital. Para hacer frente a complejas cadenas de suministro y a dependencias estratégicas, la Ley de Chips establece un marco jurídico que define las condiciones para proporcionar fondos públicos destinados a financiar nuevas instalaciones de semiconductores en Europa, las llamadas “Mega FABS” o megafábricas.

Por otro lado, la Ley de Chips obliga a las megafábricas a producir efectos indirectos positivos en la cadena de suministro de los semiconductores de la UE, condicionando así la recepción de estos fondos. En este sentido, el efecto indirecto podría adoptar distintas formas, por ejemplo, promoviendo centros de investigación o programas de formación para trabajadores.

Cuando la Comisión Europea tenga que evaluar el proyecto de una megafábrica, también se tendrán en cuenta aspectos como la sostenibilidad financiera del proyecto y la predisposición a emplazar la instalación del país anfitrión.

Financiación 

Otra parte fundamental de la Ley de Chips es la “Iniciativa Chips para Europa”, un nuevo programa que mancomunará recursos para reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación de los semiconductores.

Entre otras cuestiones, esta iniciativa financiará nuevas líneas piloto para semiconductores de última generación, impulsará la creación de una red de centros de competencia y facilitará del acceso a la financiación para las PYME que participen en la cadena de suministro de semiconductores.

La UE prevé que la Ley de Chips movilice más de 43.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas, estableciendo también medidas para prevenir, preparar, prever y afrontar con rapidez cualquier perturbación futura de las cadenas de suministro, en colaboración con los Estados miembros y otros socios internacionales. Se espera que esta iniciativa también permita a la UE cumplir su objetivo de duplicar su cuota de mercado actual hasta el 20 % en 2030.

Gestión de crisis

La Comisión Europea y los países de la UE establecerán un mecanismo de coordinación para supervisar la oferta de semiconductores, calcular la demanda y adelantarse a las penurias mediante el uso de uso de los instrumentos nacionales y de la UE. Para ello, se hará un seguimiento de la cadena de suministro de los chips, recopilando información clave de las empresas para cartografiar las principales deficiencias y cuellos de botella.

En caso de crisis, se contempla que la Comisión Europea incluso pueda efectuar pedidos prioritarios a las megafábricas para abastecer a sectores críticos como defensa y sanidad, o realizar órdenes de compra comunes, de forma similar a lo sucedido con las vacunas COVID-19.

El incumplimiento de las obligaciones de transparencia o de dichos pedidos prioritarios podría llegar a acarrear importantes sanciones económicas, en los casos más graves, hasta multas equivalentes al 1,5% del volumen de negocios global diario.

15 de diciembre de 2022