Proyecto de Ley para la gobernanza democrática en el entorno digital

El pasado 29 de julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, una norma que busca adaptar el ordenamiento jurídico español a dos importantes reglamentos europeos: el Reglamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales (el “Reglamento de Servicios Digitales” o “DSA”, por sus siglas en inglés) y el Reglamento (UE) 2024/1083 por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior (el “Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación”).

Mediante esta propuesta legislativa se busca reforzar la supervisión de los servicios digitales, establecer nuevas garantías para los usuarios y mejorar la transparencia de los medios de comunicación, con un enfoque transversal que abarca desde las plataformas en línea hasta la estructura de propiedad de la prensa escrita.

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley parte de un diagnóstico claro: el ecosistema digital ha cambiado radicalmente desde la aprobación de la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000. El auge de plataformas, redes sociales y mercados en línea ha generado nuevas oportunidades económicas y sociales, pero también ha traído riesgos sin precedentes, como la difusión masiva de contenidos ilícitos, la ciberviolencia, el perfilado indiscriminado de datos o la opacidad algorítmica.

Por ello, se considera imprescindible establecer obligaciones de diligencia debida para los servicios intermediarios, con el objetivo de crear un entorno digital seguro, predecible y digno de confianza, en el que los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la protección de datos o el derecho a la información veraz, puedan ejercerse plenamente.

El proyecto de ley propone modificar, principalmente, tres normas:

• La Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, buscando adaptarla al nuevo marco de diligencia debida del DSA, incluyendo la designación de autoridades competentes y el régimen sancionador.
• La Ley 13/2022, de Comunicación Audiovisual, que pasaría a llamarse Ley General de Comunicación Audiovisual y de Medios de Comunicación, con el objeto de integrar también a los medios de prensa escrita.
• La Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a fin de incluir nuevas competencias en materia digital y mediática.

Supervisión reforzada sobre plataformas digitales

Uno de los pilares centrales del proyecto es la designación de la CNMC como Coordinador de Servicios Digitales, de acuerdo con el artículo 49 del Reglamento de Servicios Digitales. Con este fin, la CNMC recibiría competencias de supervisión, inspección y sanción, incluyendo la posibilidad de ordenar la retirada de contenidos ilícitos y la interrupción de servicios, así como el acceso a información sobre algoritmos o sistemas automatizados. A estos efectos, se propone la creación de una nueva dirección de instrucción en la CNMC, la Dirección de Servicios Digitales.

Asimismo, proveedores de plataformas y servicios digitales quedarían obligados a facilitar canales para denunciar contenidos ilegales, aumentar la transparencia en la publicidad digital y garantizar una mayor protección de los menores. En particular, el proyecto de ley propone prohibir la publicidad basada en datos sensibles o el perfilado de menores con fines comerciales.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sería responsable de controlar el cumplimiento de estas restricciones, especialmente en lo relativo a publicidad dirigida mediante categorías especiales de datos personales.

Se prevé que el incumplimiento de estas obligaciones pueda conllevar sanciones de hasta el 6 % del volumen de negocio anual mundial del infractor.

Transparencia y control en los medios de comunicación

Otro eje clave del proyecto de ley es el refuerzo del pluralismo y la transparencia en el sector mediático. En línea con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, se propone la creación de un Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación, gestionado por la CNMC y el Ministerio para la Transformación Digital, en el que deberán inscribirse los medios de comunicación de ámbito estatal.

Los operadores deberán informar sobre su estructura de propiedad, la identidad de los titulares reales y el volumen anual de fondos públicos recibidos, incluidos los procedentes del extranjero. Este registro tendría una finalidad exclusivamente informativa y no habilitaría ni restringiría el ejercicio de la actividad, sino que actuaría como instrumento de transparencia para ciudadanía y empresas.

Asimismo, se introduce un nuevo procedimiento específico para evaluar el impacto de las concentraciones en el sector de los medios de comunicación sobre el pluralismo informativo y la independencia editorial. Este control, de carácter complementario al tradicional análisis de competencia, aportaría una perspectiva adicional, orientada a la protección de los valores democráticos.

La CNMC se configuraría como la autoridad encargada de llevar a cabo esta evaluación. Para asumir estas nuevas competencias, la norma contempla la creación de una nueva dirección de instrucción especializada en medios de comunicación.

Próximos pasos: tramitación parlamentaria

El proyecto de ley fue aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros el 29 de julio de 2025 y ha sido remitido al Congreso de los Diputados, donde se tramita por el procedimiento de competencia legislativa plena en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.

Autoras: Mireia Sala, con la colaboración de Martina Olivé.