Con fecha 13 de mayo de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dictó, al fin, el Real Decreto 394/2025, por el que se acordaba el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de ordenación y gestión del litoral.
El Real Decreto 394/2025 constituye un hito en el proceso de descentralización administrativa, al hacer efectiva la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de las competencias relativas a la ordenación y gestión del litoral que, hasta ahora, correspondían a la Administración General del Estado. Así, dicho Real Decreto constituye el instrumento en virtud del cual se aprueba el Acuerdo adoptado con fecha 9 de abril de 2025 para el traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de ordenación y gestión del litoral en el seno de la Comisión Bilateral Mixta de Transferencias, integrada por representantes del referido Ministerio y de la Xunta de Galicia.
Esta medida, que responde a una demanda histórica de la Administración autonómica basada en el reconocimiento de la singularidad del territorio gallego, su extensa costa y la importancia estratégica que tiene el litoral para su economía, el medio ambiente y la sociedad, tiene su doble fundamento normativo en (i) el artículo 149.1.23ª de la Constitución —que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección medioambiental, si bien permite a las Comunidades Autónomas establecer normas adicionales de protección— y (ii) el artículo 27.Tres del Estatuto de Autonomía para Galicia, que reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma gallega en materias de ordenación del litoral, urbanismo y vivienda.
Aspectos clave del Real Decreto 394/2025
- Confiere a la Xunta de Galicia la capacidad de gestión integral sobre su litoral, respetando la titularidad estatal del dominio público marítimo-terrestre.
- La transferencia es efectiva a partir del 1 de julio de 2025.
- La Xunta asume la gestión y el otorgamiento de autorizaciones de uso y ocupación del dominio público marítimo-terrestre, así como la tramitación y vigilancia de las concesiones demaniales.
- Del mismo modo, la Xunta es responsable de la gestión y otorgamiento de las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar.
- El Estado mantiene todavía competencias estratégicas, como la fijación y recaudación de cánones por el uso del dominio público marítimo-terrestre o el rescate de concesiones por interés general.
- Se establecen mecanismos de cooperación y coordinación entre la Xunta y el Estado.
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