El arbitraje en el sector militar y de defensa

Por su naturaleza, los contratos de defensa son susceptibles de verse afectados por cambios políticos, acusaciones de corrupción y restricciones reglamentarias, lo cual, con frecuencia, desemboca en disputas complejas. Como resultado de la creciente globalización de esta industria, las controversias transfronterizas se han vuelto más habituales, lo que pone de manifiesto la importancia estratégica, el elevado valor y las implicaciones para la seguridad nacional de los contratos de defensa. 

Por lo general, las disputas comerciales surgen por motivos relacionados con las obligaciones contractuales, los retos operativos y el cumplimiento de las normas específicas del ámbito de la defensa. Entre las categorías principales se incluyen las siguientes:

• Cumplimiento de las cláusulas obligatorias de traslado "en cascada" desde el contrato principal. A menudo, los subcontratos incorporan obligaciones de cumplimiento (p. ej., en materia de seguridad, controles de exportación, ética, auditorías, propiedad intelectual, aseguramiento de la calidad, prevención de piezas falsificadas, ciberseguridad) que son exigidas por los contratos principales. Estas obligaciones están en consonancia con el marco jurídico y regulador establecido por el régimen de contratación en materia militar del cliente final (p. ej., las normas PECAL en España, la Directiva de contratación en materia de defensa y seguridad de la Unión Europea (2009/81/CE), las normas AQAP de la OTAN, los reglamentos FAR y DFARS en EE. UU., los requisitos DEFCON/DEFFORM en el Reino Unido y las normas ASDEFCON en Australia). El cumplimiento en lo que respecta a estas obligaciones “en cascada” puede dar lugar a conflictos interpretativos y de ejecución en forma de compromisos back to back.
• Cumplimiento de los controles de exportación y de las normas en materia de seguridad. Las infracciones relacionadas con datos clasificados, autorizaciones y prohibiciones de exportación o normas de seguridad plantean desafíos legales adicionales, por su complejidad en términos correctivos y jurisdiccionales. En este contexto, los contratistas pueden presentar alegaciones de rebus sic stantibus, dificultades especialmente gravosas o fuerza mayor de conformidad con la ley aplicable. En España, el Real Decreto Ley 10/2025, vigente desde el 25 de septiembre de 2025, ha impuesto restricciones al comercio y las actividades vinculadas con Israel, lo que incluye la prohibición de transferir material de defensa y productos y tecnología de doble uso hacia o desde Israel —ver Post | Novedades en materia de comercio exterior con Israel—. 
• Compensaciones y obligaciones de participación industrial. Los acuerdos de compensación se refieren a la obligación impuesta a los proveedores de defensa de invertir en la economía del país comprador como parte del acuerdo de contratación. Estos acuerdos funcionan como herramientas estratégicas para que las naciones compradoras obtengan de los contratos de defensa un valor adicional, a menudo en forma de transferencia de tecnología, participación de la industria local y coproducción, entre otros beneficios orientados a mejorar la base industrial y económica local. Con frecuencia, este tipo de pactos generan fricciones y desacuerdos en torno al cumplimiento de los contratos.
• Cuestiones de alcance y de control de cambios. A menudo, las ambigüedades o los cambios en los requisitos, los reajustes a mitad de proyecto y los desafíos en términos de fiabilidad dan lugar a la reclamación de cambios constructivos y ajustes equitativos. Estas cuestiones generan disputas entre los contratistas principales y los subcontratistas en proyectos intensivos y de amplio alcance.
• Conflictos en empresas conjuntas. Las disputas entre contratistas de empresas conjuntas, especialmente en colaboraciones multinacionales, ponen de manifiesto las dificultades de gestionar objetivos compartidos con relación a un cliente final.
• Calidad, servicio y reclamaciones de garantía. Los equipos de defensa deben cumplir con estrictos requisitos de calidad y servicio. A menudo surgen disputas cuando su rendimiento o fiabilidad no cumple con estos estándares, lo que conduce a reclamaciones de garantía.
• Calendario y rendimiento. Con frecuencia, los retrasos causados por interrupciones en la cadena de suministro, tecnologías aún inmaduras u obstáculos reglamentarios (p. ej., retrasos en la licencia) resultan en sanciones, tales como indemnizaciones por daños y perjuicios, declaraciones de vencimiento anticipado o la implementación de planes correctivos.
• Derechos sobre la propiedad intelectual y los datos. Durante la implementación de los programas de mantenimiento o modernización pueden surgir discrepancias en torno a la propiedad, el uso y la transferencia de los datos técnicos.

En otros casos, las disputas en materia de inversión no tienen su origen en cuestiones operativas, sino en cambios normativos o en las acciones de los Estados. Entre los desencadenantes más comunes se encuentran los siguientes:

• Revocación de licencias y aprobaciones de exportación, o exclusión de licitaciones públicas. Los cambios de política repentinos en los ámbitos de las licencias de exportación, los requisitos de licitación, la localización o los acuerdos de compensación, así como la denegación de licencias, suelen frustrar las expectativas de los inversores. Los demandantes pueden alegar expropiación indirecta, falta de equidad o administración discriminatoria, mientras que los Estados se defienden invocando competencias esenciales en materia de seguridad.
• Medidas impulsadas por sanciones. Las sanciones que implican la cancelación de contratos, la congelación de activos o el bloqueo de pagos pueden desembocar en procedimientos arbitrales. Los inversores se apoyan en la legislación internacional aplicable para impugnar las acciones del Estado de acogida, mientras que los Estados pueden escudarse en su derecho a regular. En este contexto, el paquete de sanciones aprobado mediante el Reglamento (UE) 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, con sus posteriores modificaciones, prohíbe el comercio de equipamiento militar o de doble uso con la contraparte rusa.
• Normativa de propiedad y control. Las inversiones en el sector de la defensa suelen estar sometidas a un riguroso control de la inversión extranjera, así como a revisiones de seguridad nacional y de cumplimiento constante de las restricciones sobre la propiedad. Las controversias giran en torno a las garantías procesales, la proporcionalidad y la no discriminación.
• Cambios normativos y cláusulas de estabilización. En ocasiones, los Gobiernos modifican los aspectos económicos de los acuerdos de defensa mediante nuevas leyes o medidas ejecutivas. Para protegerse frente a tales cambios, sin embargo, es posible recurrir a las cláusulas de estabilización de los contratos o acuerdos industriales.