El proceso de revisión de la UDRP sigue avanzando

El pasado 27 de junio se cerró el plazo para presentar comentarios al informe inicial del Proyecto de Revisión de la Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio de ICANN (más conocida por su acrónimo anglosajón “UDRP”). Dicho informe se publicó en mayo de 2025 y ha sido coordinado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Internet Commerce Association (ICA).

La UDRP, tras 25 años de funcionamiento, se ha convertido en un mecanismo eficaz y equilibrado para la resolución de disputas de nombres de dominio basadas en marcas. Sin perjuicio de ello, los distintos actores implicados en su funcionamiento han impulsado un proceso de reflexión centrado en diversas cuestiones que pudieran dar lugar a un replanteamiento de aspectos de la política y sus procedimientos, buscándose mejorar la eficiencia, transparencia y equidad del sistema.

A tal fin, más de 70 representantes de los distintos sectores implicados en los procedimientos gestionados bajo esta política (entidades registradoras, entidades proveedoras de servicios de resolución de disputas, representantes de las partes, organizaciones profesionales, etc.) han podido presentar comentarios al informe, abriéndose ahora una segunda fase en el proceso de consideración de reformas de la UDRP.

El informe de OMPI e ICA ha pretendido identificar y analizar las cuestiones clave en el funcionamiento y posible reforma del sistema UDRP. En este sentido, en el documento se identifican dos grupos de cuestiones: por un lado, aquéllas respecto a las cuales los autores del informe han llegado a un consenso unánime; y, por otra parte, aquéllas que a pesar de no haber generado un consenso pleno, existe un nivel de acuerdo suficiente para considerarlas en una reforma de la política.

Seguidamente se analizan algunas de las principales cuestiones incluidas en cada uno de los grupos mencionados. Estas cuestiones, particularmente aquellas en las que exista un acuerdo amplio, probablemente marcarán el camino que se siga por parte de ICANN a la hora de introducir reformas a la política:

1.    Cuestiones con consenso unánime

• Ampliación del ámbito de aplicación de la UDRP: Se ha planteado la posibilidad de ampliar la aplicabilidad de la UDRP no solamente a disputas basadas en marcas, sino también a otros ámbitos como los derechos de autor o indicaciones geográficas. En este sentido, el informe concluye desaconsejando esta ampliación, para evitar complejidades adicionales y mantener el enfoque original del sistema.

• Mediación en la UDRP: En las políticas de resolución de disputas propias de algunos dominios territoriales (ccTLDs) se contempla la posibilidad de emplear la mediación, por lo que se plantea la conveniencia de la introducción de este mecanismo en el contexto de la UDRP a fin de reducir el número de procedimientos. A tal efecto, el informe concluye desaconsejando el establecimiento de una mediación obligatoria, si bien se plantea la posibilidad de que los proveedores de servicios de resolución de disputas que gestionen este tipo de procedimientos puedan ofrecer mediación voluntaria si ambas partes lo desean.

• Prescripción de la disponibilidad de plantear un procedimiento UDRP por demora en la presentación de la demanda: Se ha planteado la posibilidad de establecer un periodo de prescripción para presentar demandas UDRP. El informe, no obstante, no considera necesario establecerlo, al estimar que la práctica actual ya permite a los paneles valorar la demora como un elemento fáctico en la evaluación del caso.

• Modelo "loser pays" (el que pierde paga): Se trata de la posibilidad de que la parte perdedora en un procedimiento UDRP debiera asumir los costes del proceso.  El informe desaconseja su adopción, ya que su implementación sería compleja, difícil de ejecutar y podría generar situaciones de inequidad, especialmente para los demandados.

• Refuerzo de la implicación de ICANN en el cumplimiento de obligaciones de los registradores: ICANN es responsable de asegurar que las entidades registradoras cumplan con sus obligaciones bajo la UDRP, pero se han reportado demoras e insuficiencia en su actuación.  En este sentido, el informe concluye que sería conveniente que ICANN refuerce y aclare su papel en los procedimientos de aplicación de la política.

• Verificación y confirmación de los datos de titularidad de registros: La información proporcionada por las entidades registradoras durante el proceso puede ser inconsistente o incompleta. A tal efecto, se considera conveniente que los datos de registro relevantes sean compartidos con ambas partes y el panel encargado de resolver la disputa, y que se definan claramente las obligaciones en tal sentido de la entidad registradora.

• Financiación del sistema UDRP: El coste del sistema recae principalmente en las partes, aunque todos los actores del ecosistema se benefician de su funcionamiento. Se sugiere considerar la posibilidad de destinar una pequeña subvención procedente de las tasas de registro para financiar el sistema, especialmente en beneficio de pymes y organizaciones sin ánimo de lucro.

• Identificación de las partes en las decisiones: La publicación de los nombres de las partes puede afectar a su privacidad, especialmente de los demandados. Se considera que los paneles ya tienen la facultad de decidir sobre la redacción de los nombres, por lo que el informe considera no se requiere un cambio normativo, aunque se recomienda compartir mejores prácticas.

• Notificación adicional por parte de los registradores: A veces los demandados no reciben o no reconocen la notificación de un procedimiento UDRP. Se propone que los registradores envíen una notificación adicional a sus clientes cuando se inicie un procedimiento, mejorando así la efectividad de las comunicaciones y el debido proceso.

 2.    Cuestiones con consenso amplio

• Apelación a decisiones adoptadas bajo la UDRP: Se discute la posibilidad de crear un mecanismo de apelación interna para decisiones UDRP, lo que podría aumentar la confianza y corregir errores sin recurrir a tribunales nacionales. Se recomienda estudiar en profundidad su viabilidad, considerando aspectos como la composición del panel, el alcance, los costes y los efectos sobre la jurisprudencia, en una "pista secundaria" del proceso de revisión.

• Transferencia de dominios por mala fe en el uso posterior: Existen casos en los que un dominio fue registrado de buena fe pero posteriormente usado de mala fe (por ejemplo, por ex-empleados o licenciatarios). Para tales casos se sugiere explorar la posibilidad de permitir la transferencia en estos casos, limitando estrictamente su aplicación para evitar abusos.

• Presentación de escritos suplementarios: La presentación en el marco de un procedimiento UDRP de escritos adicionales a los de demanda y contestación a la misma no está regulada en la política, lo que puede generar retrasos y cargas innecesarias en aquellos casos en los que las partes deciden aportar escritos adicionales. Se propone analizar la codificación de las prácticas actuales, uniformizando y limitando su uso.

• Procedimientos expeditos o sumarios: Los procedimientos que se refieran a casos evidentes de ciberocupación podrían beneficiarse de un proceso más rápido y sencillo. A tal efecto, se recomienda estudiar la posibilidad de creación de procedimientos expeditos, combinando elementos de modelos existentes y asegurando la protección de los derechos de los titulares legítimos de dominios.

• Garantía de "cancelación verdadera": Actualmente, la cancelación de un dominio permite que vuelva a estar disponible para cualquiera, incluso para ciberocupantes reincidentes. Se sugiere explorar la posibilidad de establecer un remedio que permita la eliminación definitiva del dominio, con mecanismos para permitir el registro legítimo por terceros en el futuro.

• Evaluación y formación de panelistas: Actualmente no existe un sistema uniforme de acreditación, reacreditación o evaluación del desempeño de los panelistas. Se considera oportuno analizar la implementación de procesos para la evaluación del desempeño y la formación continua, garantizando calidad y neutralidad.

• Libertad de expresión en la UDRP: El tratamiento de la libertad de expresión en disputas UDRP ha generado debates y diferencias de interpretación. En este sentido, no se considera necesario modificar el texto actual, pero se sugiere continuar debatiendo la aplicación de la política para asegurar coherencia y protección de derechos legítimos.

• Formato de las decisiones: La estructura y claridad de las decisiones varía entre los diversos proveedores de resolución de conflictos encargados de gestionar procedimientos UDRP, lo que puede dificultar su comprensión y análisis. Se propone avanzar hacia una mayor uniformidad y claridad en el formato, tomando como referencia las mejores prácticas, pero sin imponer cargas excesivas.