Nuevos delitos económicos en materia de permisos sectoriales

Las empresas deberán gestionar estos nuevos riesgos cuando estos delitos realmente puedan cometerse, probablemente a fines del año 2026

27 de octubre de 2025

El 29 de septiembre de 2025 se publicó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (“LMAS” o la “Ley”), norma que introduce cambios sustanciales en la tramitación de permisos sectoriales en Chile. Además de simplificar y agilizar los procedimientos, la LMAS modifica la Ley N°21.595 de Delitos Económicos (“LDE”), incorporando nuevos delitos que afectan tanto a personas naturales como jurídicas, lo que exigirá ajustes en los Modelos de Prevención De delitos de estas últimas, incorporando controles específicos para estos riesgos, preparándolos para cuando estos delitos comiencen a regir.

La LMAS modifica la LDE, incorporando nuevos ilícitos que pasan a ser delitos base para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estos son:

1. Presentación de información falsa o incompleta para eludir una autorización: sanciona a quienes, con la intención de eludir una autorización exigida por la normativa sectorial, presenten información falsa o alterada, u omitan antecedentes esenciales en declaraciones juradas o avisos. Si bien la vigencia de este delito no está sujeta a entrada diferida, su aplicación práctica depende de la implementación de las técnicas habilitantes alternativas (aviso y declaración jurada), que entrarán en vigor a lo menos un año después de la publicación de la Ley.

2. Delitos relativos a certificaciones falsas: se sancionará a los profesionales habilitados que certifiquen o informen falsamente sobre materias técnicas exigidas por la normativa sectorial, y a aquellos particulares que, a sabiendas, presenten ante la autoridad sectorial certificaciones, informes o instrumentos de profesionales o entidades reconocidas que sean falsos. Respecto a estos delitos, la LMAS exige que el reconocimiento, registro y control de los profesionales y entidades técnicas sea regulado mediante un reglamento dictado por el ministerio correspondiente, el cual debe ser expedido en un plazo no superior a seis meses desde la publicación de la Ley.

3. Infracción al deber de reserva: Sanciona a los funcionarios de la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (la “Oficina”) que incumplan su obligación de reserva respecto de información y documentos no públicos relacionados con proyectos o autorizaciones. Al igual que el primer delito mencionado, si bien la entrada en vigencia de este delito es inmediata, en la práctica solo será aplicable una vez que se cree la Oficina y entre en funcionamiento, lo que ocurrirá dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley.

De este modo, aquellas empresas que gestionen de forma habitual procesos de obtención de permisos sectoriales deberán hacerse cargo de estos riesgos una vez que los delitos sean susceptibles de ser cometidos, que será probablemente a fines del año 2026.

27 de octubre de 2025