La iniciativa ciudadana europea “Stop Destroying Videogames”

La progresiva digitalización del mercado de los videojuegos ha transformado radicalmente su modelo de distribución, que ha pasado de sustentarse en soportes físicos a basarse en entornos digitales gestionados a través de plataformas en línea.

Esto ha supuesto pasar de un modelo de distribución basado en la propiedad —característico del comercio de copias físicas— a otro sustentado en licencias digitales de uso, vinculadas a plataformas en línea, sistemas de activación y servicios dependientes de servidores. Este cambio ha suscitado profundas cuestiones sobre la naturaleza jurídica de lo adquirido y sobre la pervivencia de los derechos de los usuarios y consumidores cuando el editor deja de mantener operativo su producto.

En el modelo clásico de distribución —predominante hasta los años 2000— los videojuegos se comercializaban en soporte físico (cartucho, CD o DVD). El comprador adquiría la propiedad del ejemplar, amparada por el principio de agotamiento del derecho de distribución (art. 4.2 de la Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador y la doctrina UsedSoft). Esto permitía su reventa, préstamo o conservación indefinida, sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra.

En cambio, el modelo actual se apoya en plataformas digitales que ofrecen descargas o accesos remotos, mediante los cuales el usuario recibe únicamente una licencia de uso limitada y no transferible. No se adquiere un bien, sino un servicio digital sujeto a condiciones contractuales de disponibilidad y conectividad. En consecuencia, la titularidad material desaparece y la experiencia de uso queda ligada a la persistencia técnica del servicio, lo que supone dejar a plena discreción del editor la decisión de hacer completamente injugable un videojuego, pese a que haya sido adquirido por miles de consumidores (tal y como sucedió con el videojuego The Crew en 2024).

Las claves de la Iniciativa “Stop Destroying Videogames”

A raíz de esta situación ha surgido la Iniciativa Ciudadana Europea “Stop Destroying Videogames”, cuyo objetivo es que los distribuidores que venden o licencian videojuegos a consumidores en la Unión Europea estén obligados a mantener los títulos en un estado funcional tras el cese del soporte oficial, evitando su desaparición inmediata.

La propuesta no exige soporte indefinido, sino la existencia de un “plan de fin de vida razonable” que permita seguir utilizando el juego en condiciones básicas. La iniciativa considera que la desconexión total de un producto adquirido constituye una forma de obsolescencia programada que vulnera los derechos de los consumidores y destruye parte del patrimonio cultural digital.

En este sentido, la finalidad principal de la iniciativa consiste en imponer a los editores de videojuegos la obligación de incorporar mecanismos que garanticen la continuidad del acceso y la jugabilidad cuando se interrumpa el soporte oficial del producto. En particular, se busca asegurar que las modalidades de juego individuales permanezcan operativas y que los usuarios puedan recurrir legítimamente a servidores privados u otras soluciones técnicas equivalentes que permitan mantener la funcionalidad del videojuego.

La iniciativa busca, además, que sus demandas se incorporen a la Digital Fairness Act, propuesta por la Comisión Europea, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública y pretende regular aspectos relacionados con el comercio digital.

La iniciativa ciudadana cuenta con un millón de firmas verificadas procedentes de al menos siete Estados miembros, requisito que permite presentar la propuesta ante el Parlamento Europeo y obliga a la Comisión a exponer las medidas que, en su caso, adoptará y las razones para intervenir o no.

De forma paralela, en el Reino Unido se ha lanzado una petición nacional con objetivos similares y está previsto que se debata en el Parlamento el próximo 3 de noviembre de 2025.

Consecuencias y retos desde un punto de vista jurídico

La Iniciativa “Stop Destroying Videogames” plantea diversos conflictos jurídicos en los que confluyen tres intereses contrapuestos.

En primer lugar, el plano contractual, donde el usuario acepta unas condiciones de licencia que permiten al editor limitar o extinguir el acceso al videojuego incluso tras su adquisición. Este modelo, basado en la prestación de un servicio digital más que en la compraventa de un bien, otorga al proveedor un margen de actuación considerable que, en la práctica, puede dejar al consumidor sin acceso al producto pese a haberlo adquirido –o más bien obtenido una licencia de uso– de forma legítima.

En segundo término, el ámbito del derecho de los consumidores, que aspira a que el contenido adquirido cumpla con las expectativas razonables de uso y durabilidad, garantizando un período “razonable” de funcionamiento o apoyo al videojuego, tal y como establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Por último, la dimensión de la propiedad intelectual, en la que los titulares de derechos sobre los videojuegos tienen el derecho de conservar la capacidad suficiente para preservar el control sobre su obra, incluso tras su comercialización, al tratarse jurídicamente de licencias de uso y no de transmisiones de propiedad. Además, muchos videojuegos incorporan licencias de terceros, desde motores gráficos hasta contenidos musicales o audiovisuales, cuyos términos pueden impedir su uso o distribución indefinida.

Imponer normativamente la obligación de garantizar que los videojuegos se mantengan operativos tras se cierre podría exigir la publicación del código fuente o la apertura de servidores privados, vulnerando los derechos exclusivos de reproducción y transformación. En la práctica, ello podría implicar una cesión encubierta de derechos de explotación, con riesgos de pérdida de control sobre la obra, exposición de información sensible y compromisos de seguridad técnica.

Conviene recordar que el sector de los videojuegos se caracteriza por un elevado grado de autorregulación. En este sentido, ante la posible inviabilidad jurídica de esta iniciativa, podrían explorarse soluciones alternativas como la creación de un Código de Buenas Prácticas voluntario, que incluya compromisos sectoriales como comunicar con antelación suficiente el cierre de servicios online, asegurar que el consumidor comprende la naturaleza licenciataria del acceso, o publicar planes de “fin de vida” que detallen la duración del soporte y las condiciones posteriores a su finalización.