El establecimiento de un sistema voluntario de créditos de carbono sirve como nexo entre los operadores que voluntariamente deseen desarrollar proyectos capaces de absorber, reducir o evitar emisiones de gases de efecto invernadero, documentando ese efecto en forma de “créditos de carbono”, y cualquier persona física o jurídica -de naturaleza pública o privada, incluidas las pequeñas y medianas empresas- que, también de forma voluntaria, desee adquirir dichos créditos de carbono para atribuirse el efecto de los proyectos que los generan, y compensar de ese modo sus propias emisiones.
Con este propósito, el pasado 18 de noviembre de 2025 entró en vigor el Decreto 95/2025, de 15 de septiembre, que regula el sistema voluntario de créditos de carbono en Galicia.
En concreto, el objeto de la norma es doble: por un lado, regular el sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta de Galicia, definiendo su estructura, organización y los derechos y deberes de quienes participan (ofertantes y demandantes); y, por otro, establecer los requisitos de verificación y certificación por terceros de las acciones para evitar o secuestrar carbono, así como la gestión de los sistemas de certificación y el funcionamiento de los registros.