La Comisión Europea publica la propuesta de Digital Fairness Act

La Comisión Europea ha presentado su esperada propuesta de Digital Fairness Act («DFA»), junto con sus anexos, con fecha 11 de noviembre de 2026. La propuesta adopta la forma de reglamento, que derogaría y sustituiría íntegramente la Directiva de prácticas desleales de 2005 (Directiva 2005/29/CE) y añadiría un capítulo nuevo sobre «equidad digital» (digital fairness).

La DFA forma parte de un paquete más amplio de propuestas que la Comisión ha presentado conjuntamente en materia de consumo. Así, ha presentado también una Directiva de simplificación  con la que se modificarían la Directiva 2011/83/UE, sobre derechos de los consumidores, y la Directiva 2002/58/CE, sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. Asimismo, ha propuesto una revisión del Reglamento (UE) 2017/2394, sobre cooperación en materia de protección de los consumidores (Reglamento CPC).

Exponemos a continuación los principales easpectos de la propuesta de Digital Fairness Act.

I. De la Directiva al Reglamento

La propuesta implica sustituir la Directiva de prácticas desleales por un reglamento, es decir, por un instrumento directamente aplicable, lo que supondría reemplazar los 27 regímenes nacionales de transposición y reducir así el margen para interpretaciones nacionales divergentes. La exposición de motivos de la propuesta precisa que el cambio no altera por sí mismo el nivel de armonización, porque esa Directiva ya era de armonización plena. El paso de directiva a reglamento tendría una segunda consecuencia: permitiría atribuir a la Comisión poderes para investigar y sancionar directamente determinadas infracciones, con arreglo al nuevo Reglamento CPC propuesto (considerando 5).

La propuesta de DFA mantiene el contenido sustantivo de la Directiva de prácticas desleales: la cláusula general, las acciones y omisiones engañosas, las prácticas agresivas y la lista del anexo I de prácticas desleales en cualquier circunstancia (arts. 5 a 9 y anexo I). Según la tabla de correspondencias del anexo II, los puntos 11, 12, 14, 33 y 34 del anexo I, así como su nueva parte III (puntos 53 a 62), no tienen equivalente en la Directiva: se refieren a comparaciones de precios, precios que no incluyen todos los cargos inevitables, ofertas por tiempo limitado sin indicar su duración, dropshipping y patrones oscuros. La propuesta también conserva las dos excepciones a la armonización plena que ya preveía esa Directiva. Así, los Estados miembros podrán seguir imponiendo requisitos más restrictivos en materia de servicios financieros e inmuebles (art. 2.8). Asimismo, podrán adoptar normas propias sobre las visitas no solicitadas al domicilio del consumidor y las excursiones comerciales (art. 2.4).

Según la exposición de motivos, las definiciones del art. 3 se han adaptado a la jurisprudencia del TJUE. La noción de «decisión sobre una transacción» incluye ahora la decisión de seguir usando un producto (art. 3.6). Por su parte, el considerando 22 indica que la entrega de datos personales puede considerarse «pago». El art. 5.4.c) califica expresamente como desleal toda práctica que incumpla las obligaciones del nuevo capítulo III, dedicado a la equidad digital.

II. Patrones oscuros

El art. 10.1 de la propuesta de Digital Fairness Act prohíbe a los comerciantes diseñar, organizar o gestionar sus interfaces en línea, incluidos sus componentes visuales y auditivos, de forma que puedan engañar o manipular a los consumidores. También prohíbe hacerlo de cualquier otra forma que pueda distorsionar sustancialmente su comportamiento económico.

A esta regla general se añade una lista de patrones oscuros que se considerarán desleales en cualquier circunstancia, recogida en una nueva parte III del anexo I (art. 10.2). La Comisión podrá modificar o ampliar esa lista mediante actos delegados (art. 10.3).

La parte III del anexo I recoge diez patrones oscuros (puntos 53 a 62): las afirmaciones falsas sobre la disponibilidad o la popularidad de un producto, o la falta de aclaraciones relevantes al respecto; los mensajes persistentes sobre disponibilidad o popularidad durante el proceso de compra para crear sensación de escasez; las opciones por defecto que el consumidor debe rechazar para no pagar productos adicionales, otra cantidad u otro producto; presentar como opción equivocada la de rechazar una oferta o no continuar el suministro; crear la falsa impresión de que no hay más opción que la destacada; pedir reiteradamente al consumidor que elija o cambie una elección ya hecha, cuando no lo exija el cumplimiento de requisitos legales; usar un lenguaje engañoso o ambiguo al presentar las opciones, como las dobles negaciones; presentar en una invitación a comprar el precio, la duración del contrato o su renovación automática con menos relieve que otra información esencial; las notificaciones falsas; y hacer que rechazar, retirar o cambiar una elección exija pasos desproporcionadamente más numerosos, complejos o largos de lo razonablemente necesario.

III. Influencers

La propuesta define el marketing de influencers como una práctica comercial (art. 3.15). El art. 11.1 exige revelar la intención comercial de cada comunicación de forma clara, destacada e inequívoca, con los términos «publicidad» o «colaboración comercial» (advertisement, commercial collaboration). Si la comunicación se publica en una plataforma en línea sujeta al Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, «DSA»), la divulgación debe hacerse con la funcionalidad prevista en el art. 26.2 de ese Reglamento (art. 11.2).

El art. 11.3 prohíbe a quienes realizan marketing de influencers exhortar directamente a los menores a comprar productos o a convencer a sus padres u otros adultos para que los compren; aparentar que no actúan con fines comerciales; y presentar como apropiado para menores un producto que no lo es. Tampoco podrán promocionar productos cuya publicidad esté prohibida por el Derecho de la UE o nacional, ni productos peligrosos (arts. 11.4 y 11.5).

La propuesta también impone obligaciones a otros comerciantes de la cadena de marketing de influencers. El comerciante que contrate servicios de marketing de influencers (por ejemplo, la marca o la agencia de publicidad) deberá asegurar, por contrato u otros medios adecuados, que el influencer cumple el reglamento (art. 11.6).

IV. Publicidad y precios personalizados

El art. 12 prohíbe a los comerciantes dirigir publicidad a un consumidor a partir de la elaboración de perfiles (según la definición del art. 4.4 del RGPD) en dos supuestos. El primero es que el comerciante sepa con certeza razonable que el consumidor es menor. El segundo supuesto es que utilice categorías especiales de datos personales del art. 9.1 del RGPD. Según la exposición de motivos, el art. 12 extiende a otros comerciantes prohibiciones que la DSA ya impone a las plataformas en línea. El art. 12 propuesto no se aplica a los prestadores de plataformas en línea sujetos a la sección 3 del capítulo III de la DSA. El considerando 59 añade que la prohibición alcanza también a las sugerencias de contenido, las clasificaciones y las recomendaciones de productos personalizadas, incluidas las de sistemas de lenguaje natural.

El art. 13 prohíbe personalizar el precio a partir de la elaboración de perfiles de un modo que pueda razonablemente perjudicar al consumidor. La prohibición se aplica cuando el comerciante sabe con certeza razonable que el consumidor es menor o es vulnerable por su edad, credulidad o discapacidad, o por una desgracia o circunstancia de tal gravedad que afecte a su juicio. Según el considerando 60, no alcanza a la personalización en beneficio del consumidor, como los descuentos para estudiantes o personas mayores.

Ninguno de los dos artículos obliga a los comerciantes a tratar datos personales adicionales para averiguar si el consumidor es menor o vulnerable.

V. Monedas virtuales, loot boxes y diseño adictivo

Los arts. 14 a 16 regulan lo que la propuesta denomina prácticas de «maximización del gasto» (spending-maximising). Varias reglas se aplican cuando el producto se dirige a menores o cuando el comerciante sabe con certeza razonable que lo usan menores. Así, en cuanto a las monedas virtuales de pago (art. 14), el comerciante debe indicar el valor monetario, real o estimado, de lo que se compra con ellas. En esos casos, estas monedas deben estar desactivadas por defecto para los menores y solo pueden activarse con la aprobación de los padres o tutores. En cuanto a los sistemas de recompensa variable de pago (art. 15), por ejemplo las loot boxes, el comerciante debe informar de los tipos de productos u objetos virtuales disponibles y de la probabilidad de obtenerlos, y ofrecer a todos los consumidores herramientas para desactivarlos. No puede ofrecerlos a menores. Finalmente, se prohíbe ofrecer a menores mecanismos de pago para progresar o ganar (pay-to-progress y pay-to-win) (art. 16).

El art. 17 regula el diseño adictivo. Afecta a los comerciantes que diseñen, organicen o gestionen sus productos digitales con la finalidad de fomentar un uso compulsivo o excesivo, o de un modo que previsiblemente lo fomente. Estos comerciantes deberán ofrecer herramientas eficaces y de fácil acceso para desactivar, una a una o todas a la vez, cuatro funciones: (a) la reproducción automática y el consumo ininterrumpido de contenidos sin pausas efectivas y periódicas; (b) las notificaciones que no estén provocadas por la actividad del consumidor en el servicio o no guarden relación directa con ella; (c) los incentivos para conectarse con regularidad, incluidas las penalizaciones por no hacerlo; (d) la simulación de relaciones interpersonales, como la insistencia en seguir interactuando con un sistema automatizado.

La Comisión podrá modificar esta lista mediante actos delegados (art. 17.2). Algunas de estas reglas excluyen a los prestadores sujetos a determinadas disposiciones de la propuesta de EU KIDS Act (arts. 14.1, 15.3 y 17.1).

VI. Transparencia de precios

El art. 18 se ocupa de las entradas para eventos. Si su precio puede subir por actuación del comerciante o por procesos automatizados o algorítmicos, la invitación a comprar deberá indicar cuántas entradas quedan al precio anunciado en esa categoría y el precio máximo que puede llegar a pagarse. Quien revenda entradas deberá mostrar el precio original total fijado por el organizador y, en su caso, la categoría, la fila y el asiento.

El art. 19 regula las colas virtuales. Mientras el consumidor espera, el comerciante deberá mostrar el precio actual, actualizado en tiempo real si varía, e indicar si ese precio puede variar durante la espera y, en ese caso, cuál es el precio máximo.

Además, el anexo I incluye entre las prácticas desleales en cualquier circunstancia las comparaciones con un precio de referencia que no sea el precio actual de un competidor claramente identificado (punto 11) y el drip pricing, es decir, no incluir en el primer precio mostrado todos los cargos previsibles que el consumidor tendrá que pagar inevitablemente (punto 12). Los considerandos 105 y 106 explican ambas prohibiciones.

VII. Contratos digitales y agentes automatizados

Los arts. 20 a 28 de la propuesta regulan distintos aspectos de los contratos digitales y las comunicaciones comerciales:

•                 Periodos de prueba gratuitos (art. 20): antes de que termine el periodo, el comerciante debe enviar un recordatorio, y el paso a un contrato de pago requiere la aceptación expresa del consumidor. Si falta cualquiera de los dos, el consumidor no queda vinculado.

•                 Renovaciones automáticas (arts. 21 y 22): en los contratos de suministro continuado celebrados por medios digitales de seis meses o más, el recordatorio debe enviarse entre un mes y catorce días antes de la prórroga. En los contratos más cortos, a más tardar una semana antes de la prórroga que lleve la duración total a seis meses o que sea la décima, salvo en determinados contratos de inversión (art. 22.4). Sin recordatorio, el consumidor puede resolver el contrato gratuitamente y sin preaviso. Si el contrato se ha prorrogado por tiempo indefinido, puede resolverlo en cualquier momento con un preaviso máximo de un mes.

•                 Función de resolución en línea (art. 23): si el comerciante permite celebrar contratos en una interfaz en línea, debe ofrecer en ella una función con la leyenda «resolver el contrato aquí» (terminate the contract here) o equivalente, con un paso de confirmación y un acuse de recibo en soporte duradero. El art. 24 prevé una función similar para ejercer en línea el derecho de desistimiento.

•                 Atención por una persona (art. 25): si el comerciante presta atención al cliente en línea tras la celebración del contrato, el consumidor podrá pedir comunicarse con una persona cuando otros medios no sean eficaces, salvo en los servicios de inversión.

•                 Contratación mediante sistemas automatizados (art. 26): en el primer uso, el consumidor debe elegir si quiere confirmar todos los contratos que proponga el sistema, o bien solo algunos o ninguno. El sistema debe revelar los pagos que reciba el comerciante que pone el sistema a disposición del consumidor por proponer un contrato y los conflictos de interés, y, en ese caso, pedir confirmación. Los comerciantes no podrán exigir el uso de estos sistemas para acceder a sus interfaces o contratar (art. 26.9). Este artículo no se aplica a los servicios financieros (art. 26.10).

•                 Comunicaciones comerciales no solicitadas (art. 28): el reglamento incorpora las normas de la Directiva 2002/58/CE sobre comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa (llamadas, correo electrónico, SMS y MMS).

VIII. Aplicación, prueba y sanciones

El art. 29 contiene una cláusula «antielusión»: prohíbe cualquier conducta, sea contractual, comercial, técnica o de diseño de interfaz, que menoscabe el cumplimiento de las obligaciones del capítulo III.

Por su parte, el capítulo IV establece disposiciones sobre la aplicación del reglamento:

•                 La Comisión podrá investigar y sancionar, en los ámbitos no excluidos expresamente, las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión, con arreglo al nuevo Reglamento CPC propuesto en paralelo (art. 30.4). Podrá imponer multas de hasta el 6 % del volumen de negocios mundial anual del comerciante (art. 35.6).

•                 En cuanto a las autoridades nacionales, en las acciones coordinadas el importe máximo de las multas deberá ser al menos el 4 % del volumen de negocios anual del comerciante en los Estados miembros afectados. Si no se dispone de ese dato, el máximo deberá ser al menos de 2 millones de euros (arts. 35.3 y 35.4).

•                 En lo relativo a la prueba, si el demandante lo solicita y aporta indicios suficientes de una práctica desleal en línea, o la autoridad tiene una sospecha razonable, los tribunales y las autoridades podrán exigir al comerciante pruebas sobre el diseño, el funcionamiento y el impacto de la práctica en los consumidores. Si el comerciante no las aporta, ese hecho podrá tenerse en cuenta, junto con otras pruebas, para apreciar la deslealtad (art. 34).

•                 Las medidas correctoras previstas a favor del consumidor son la indemnización de daños y, cuando proceda, la reducción del precio o la resolución del contrato (art. 32).

•                 Se prevé también un derecho de repetición: el comerciante declarado responsable de una práctica comercial desleal en línea podrá dirigirse contra las personas con las que tenga una relación comercial y cuyas acciones u omisiones hayan causado la infracción o contribuido a ella (art. 36).

IX. Próximos pasos

La propuesta de Digital Fairness Act debe ser ahora debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el procedimiento legislativo ordinario. Según el art. 40 de la propuesta, el reglamento entraría en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y se aplicaría doce meses después de su entrada en vigor. La Comisión debería evaluarlo a más tardar 60 meses después de la fecha de aplicación (art. 39).

Desde el blog seguiremos atentamente la evolución de la propuesta.