El valor fiscal de las participaciones en otras entidades en el Impuesto sobre Sociedades

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite un recurso de casación (recurso n.º 3021/2024, ECLI:ES:TS:2025:4594A), preparado bajo la dirección letrada del equipo de litigación tributaria de Cuatrecasas, en relación con el régimen previo de deducibilidad del deterioro de las participaciones en otras entidades y su incidencia en el valor fiscal de las mismas. Se trata de una cuestión controvertida derivada del criterio interpretativo que siguió principalmente la Dirección General de Tributos (DGT).

Para centrar el tema, conviene recordar que hasta el ejercicio 2012 los deterioros de valor de las participaciones en otras entidades fueron deducibles en el Impuesto sobre Sociedades (IS), de conformidad con el artículo 12.3 del Texto Refundido de la Ley del IS (TRLIS); precepto que con la Ley 16/2013 quedó derogado. Esta regulación previa sobre los deterioros —poco clara en determinados aspectos— conllevó el desarrollo de todo un criterio doctrinal de la DGT, especialmente en lo que se refería a los deterioros correspondientes a participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas (párrafos 4 a7 del citado artículo 12.3 TRLIS).

En concreto, la DGT mantuvo que el deterioro fiscal de las citadas participaciones debía reconocerse mediante un ajuste extracontable negativo y, de la misma manera, la reversión del deterioro, con motivo de la recuperación del valor de la participación, debía registrarse mediante un ajuste extracontable positivo para cuantificar la base imponible del IS del concreto ejercicio. A juicio de la DGT este era un régimen obligatorio que operaba al margen del tratamiento contable (resoluciones V0623-09, V2514-11, V2525-11, V2526-11 y V1600-12), mediante ajustes extracontables negativos y positivos.

Atendiendo a la conclusión de que el deterioro fiscal de las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas era ajeno a la contabilización, la DGT también concluyó en varias resoluciones (V0087-11, V0088-11, V0089-11, V0090-11, V0091-11, V0314-11 y V0557-11) que la falta del ajuste extracontable negativo en el periodo impositivo en que se produce la reducción de los fondos propios de la participada no puede subsanarse en un ejercicio posterior. La DGT manifestó que no podía acudirse, para subsanar la falta de ajuste en el ejercicio previo, al artículo 19.3 del TRLIS (correspondiente al artículo 11.3 de la actual Ley del IS), según el cual, los gastos contabilizados en un ejercicio posterior podían tener efectos fiscales siempre que de la contabilización tardía no se derivara una menor tributación. Recordemos que en esos años, el TS todavía no se había manifestado sobre el artículo 19.3 TRLIS y la posibilidad de deducir un gasto de un ejercicio anterior ya prescrito, en que se produjo el devengo y que fue objeto de análisis en nuestro Legal Flash | El Supremo admite la deducción de un gasto de un ejercicio prescrito.

Es decir, a juicio de la DGT, dado que el deterioro se manifestaba mediante ajuste extracontable, este deterioro caía fuera del ámbito de aplicación del régimen de imputación previsto en el artículo 19.3 del TRLIS (o actual artículo 11.3 de la Ley del IS), y por tanto, no cabía imputar la pérdida en un ejercicio posterior. Ello conllevaba que la única forma para reconocer esa pérdida era instando la rectificación de la autoliquidación del ejercicio en que se produjo el deterioro (siempre que este no hubiera prescrito), mediante el procedimiento previsto en el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT).  

Dicho esto, la DGT dio un paso más, en resoluciones posteriores, al analizar los efectos en la transmisión de la participación ante la falta de reconocimiento del deterioro en el ejercicio originario. En un primer momento, en las resoluciones V2100-12 y V2101-12, concluyó que la pérdida fiscal no reconocida en un primer momento surgiría con motivo de la transmisión de la participación; es decir, consideró que al no haber deteriorado fiscalmente la participación, el valor fiscal de la misma no se había reducido, con lo que en el momento de la transmisión afloraría la renta negativa. Sin embargo, a los pocos meses, dichas resoluciones fueron sustituidas por las consultas V0757-13 y V0758-13, en las que se concluía de forma radicalmente distinta: 

“Por último, en el caso en que se produzca la transmisión de la participación sin que se haya realizado los ajustes correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12.3 del TRLIS, durante los períodos impositivos de tenencia de la participación, ello no es óbice para que esos ajustes deban tenerse en cuenta a los efectos de la determinación de la renta que deberá ser objeto de integración en la base imponible de la entidad. Esto es, la renta a integrar en la base imponible de la entidad consultante, en el supuesto de transmisión de la participación, deberá tener en cuenta los ajustes que la entidad consultante hubiera tenido que realizar por aplicación de lo dispuesto en el párrafo cuarto y siguientes del referido artículo 12.3 del TRLIS, con independencia de que los mismos hubieran sido realizados o no, (…)”.

Criterio que ya manifestamos que nos parecía muy discutible; en especial, porque el artículo 12.3 del TRLIS precisaba que “las cantidades deducidas minorarán el valor de dichas participaciones”, lo que debía interpretarse como cantidades efectivamente deducidas y no a las que se hubiera debido deducir el sujeto pasivo del Impuesto en ejercicios previos.

Y ya, por último, el criterio interpretativo de la DGT se completó con la resolución V1727-13, en la que se concluyó, algo más siguiendo la misma premisa, pero ahora sobre la reversión de los deterioros lo siguiente: 

“(…) aún cuando la entidad no haya realizado el ajuste negativo que le hubiera correspondido en aplicación del artículo 12.3 del TRLIS, el mismo se tendrá en cuenta a los efectos de determinar el valor fiscal de la participación. Esto significa que, en caso de producirse un incremento de los fondos propios de la entidad participada en ejercicios futuros, se deberá producir la reversión del ajuste previsto en el artículo 12.3 del TRLIS conforme a lo señalado en el mismo. Lo contrario supondría una alteración en la imputación temporal de la deducción fiscal de los ajustes establecidos en el artículo 12.3 del TRLIS no pretendida por la normativa fiscal”.

De nuevo, el artículo 12.3 TRLIS se refería a las cantidades deducidas y no a las que se hubiera debido o podido deducir el sujeto pasivo en las declaraciones previas del IS; pero a pesar de ello, la DGT consideró que el ajuste positivo debía realizarse en el ejercicio en que los fondos propios de la participada se incrementaran, aunque no se hubiera practicado ajuste negativo en el ejercicio previo en que se produjo su reducción. Difícilmente en este caso puede, a nuestro juicio, hablarse de reversión. Además, siempre nos pareció que este criterio interpretativo era poco respetuoso con el principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

Tras la aprobación de la reversión automática en quintas partes, por el Real Decreto-ley 3/2016 —posteriormente declarado inconstitucional por la Sentencia 11/2024, ECLI:EC:TC:2024:11—, la DGT no emitió (o quizá debemos decir, no "se atrevió" a emitir o quizá ningún contribuyente quiso plantear esta cuestión) ninguna resolución en la que se concluyera que "la reversión" en quintas partes también debía producirse respecto a un deterioro de la participación no practicado, pero que se hubiera debido reconocer fiscalmente en un ejercicio previo.

Respecto a este controvertido criterio interpretativo que siguió en su día la DGT recientemente el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación (recurso n.º 3021/2024, ECLI:ES:TS:2025:4594A), preparado bajo la dirección letrada de Cuatrecasas. La cuestión casacional que se plantea es: 

“Discernir si el artículo 12.3 TRLIS, cuando prevé la minoración del valor fiscal de adquisición de las participaciones con las cantidades deducidas en periodos impositivos anteriores, se refiere exclusivamente a las cantidades efectivamente deducidas o, por el contrario, a las que hubieran podido deducirse con independencia de que se hubiera efectuado o no dicha deducción”.

La Sentencia del Tribunal Supremo dará luz sobre este criterio que generó tanto debate en su día.

Por último, resulta oportuno comentar que la DGT, en resoluciones más recientes, parece concluir de forma distinta.  

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