Un paso más hacia el nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU)

Como apuntamos en nuestro Post | Propuesta de reforma del Código Aduanero de la Unión (CAU), en el año 2023 la Comisión Europea propuso la reforma más ambiciosa de la Unión Aduanera de la Unión Europea (UE) desde su creación en 1968. Esta propuesta de reforma se centraba en aspectos como la digitalización y simplificación de los procedimientos aduaneros mediante la creación de un Data Hub aduanero único, la introducción de una nueva figura de operador de confianza (Trust and Check Trader), la modernización del marco regulatorio del comercio electrónico y la armonización del sistema sancionador en toda la UE.

El objetivo principal de esta reforma, por lo tanto, es aumentar la eficiencia, reducir el fraude, facilitar el cumplimiento normativo y adaptar el sistema aduanero europeo a los retos del comercio global y digital, aunque, como ya indicábamos en nuestro anterior post, esta propuesta inicial aún debía ser negociada y aprobada por las instituciones europeas.

El pasado 27 de junio de 2025, el Consejo de la Unión Europea dio un paso decisivo al respecto, al aprobar un mandato parcial de negociación sobre la reforma del CAU que introduce matices y novedades relevantes respecto al texto inicial de la Comisión. Este avance marca el inicio de la fase de negociación con el Parlamento Europeo y perfila con mayor claridad el futuro marco aduanero europeo.

El Consejo ha confirmado la creación de la Autoridad Aduanera de la UE como agencia descentralizada, que asumirá un papel central en la coordinación de la gestión de riesgos y crisis a nivel europeo y que comportará una deseable homogeneización entre las aduanas de los Estados miembros, así como en la administración del futuro EU Customs Data Hub. Esta plataforma digital única permitirá a las empresas presentar la información aduanera una sola vez y para múltiples envíos, facilitando la trazabilidad y el control de los datos, y reduciendo significativamente la carga administrativa. Al respecto, el mandato parcial del Consejo trae consigo una mayor concreción de los procesos y una mayor garantía de que las autoridades nacionales contarán con acceso en tiempo real a la información, reforzando la cooperación y la capacidad de respuesta conjunta ante los retos del comercio global.

El mandato del Consejo refuerza el control sobre el comercio electrónico, trasladando la responsabilidad del pago de derechos e impuestos a las plataformas de venta online, que serán consideradas deemed importers ("importadores presuntos"). Se elimina la franquicia arancelaria de 150 euros para pequeños envíos y, como novedad destacada respecto al texto inicial propuesto por la Comisión, se introduce una tasa de gestión para estos envíos de escaso valor, que será recaudada por las autoridades aduaneras. Esta medida busca equilibrar la simplificación administrativa con la protección de los ingresos públicos y la competencia leal, adaptando el marco normativo a la realidad del comercio digital.

Una de las diferencias más significativas que trae consigo el mandato del Consejo es la decisión de mantener el régimen de Operador Económico Autorizado (OEA) para pequeñas y medianas empresas (PYMES), incorporando medidas específicas para facilitar su adaptación al nuevo entorno. Frente a la propuesta de la Comisión, que preveía la desaparición progresiva de esta figura, y escuchando las numerosas voces de los operadores económicos de tamaño más reducido que se sentían poco identificados en el nuevo modelo, el Consejo apuesta por una transición más gradual y flexible, permitiendo a las PYMES seguir beneficiándose de las simplificaciones aduaneras existentes mientras se adaptan a los nuevos requisitos. Aun así, se mantiene la figura del Trust and Check Trader incluida en la propuesta inicial, que podrá acceder a procedimientos aún más simplificados si cumple criterios reforzados de transparencia y colaboración, consolidando así un modelo de confianza y control adaptado a la realidad empresarial europea.

También debemos destacar la eliminación del título dedicado a las disposiciones comunes sobre infracciones en el ámbito aduanero y sobre las sanciones no penales, decayendo la inicial propuesta de unificación del régimen sancionador administrativo aduanero, y dejando esta materia al arbitrio de cada legislación nacional. Simplemente se puntualiza que las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, pudiendo consistir en multas pecuniarias o en pérdida o en suspensión de autorizaciones aduaneras.

Idéntica suerte ha corrido la propuesta de la Comisión de reducir el plazo máximo para vincular mercancías a la situación de depósito temporal de 90 a 3 días, eliminando los actuales Almacenes de Depósito Temporal, propuestas que tampoco se incluyen en el mandato del Consejo, manteniéndose el enfoque del actual CAU.

El mandato parcial aprobado por el Consejo permite iniciar las negociaciones de la Presidencia con el Parlamento Europeo sobre los aspectos centrales de la reforma, si bien quedan pendientes cuestiones relevantes como la sede de la nueva Autoridad Aduanera, el diseño definitivo del sistema arancelario simplificado y la concreción de la tasa de gestión para pequeños envíos, que serán objeto de debate en fases posteriores.

En definitiva, la reforma del CAU avanza hacia una Unión Aduanera más moderna, eficiente y segura, adaptada a los retos del comercio global y digital. Las modificaciones introducidas por el Consejo suponen un equilibrio entre innovación, simplificación y protección de los intereses de todos los operadores, especialmente las PYMES, y del mercado único europeo.

Para más información, no dudes en contactar con nuestros especialistas de Cuatrecasas a través del Área de Conocimiento e Innovación.