Las empresas deberán revisar sus protocolos de acoso, diseñar canales de denuncia internos y negociar protocolos de actuación

Las empresas deberán revisar sus protocolos de acoso, diseñar canales de denuncia internos y negociar protocolos de actuación
El pasado 7 de octubre, entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual cuyo objetivo persigue la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas para garantizar la sensibilización, prevención y detección, así como la sanción y protección integral de la violencia sexual en todas sus formas.
Respecto a su impacto en el ámbito laboral, se introducen importantes obligaciones para las empresas así como la oportunidad de revisar y actualizar otras medidas ya existentes. En concreto:
En este sentido, bajo el prisma de los principios de desarrollo sostenible (conocidos como principios ESG), la Ley Orgánica 10/2022 se fundamenta en (i) el respecto, protección y garantia de los derechos humanos y fundamentales, (ii) la diligencia debida y (iii) el enfoque de género y prohibición de discriminación.
Entrando en la concreta redacción de la norma y en línea con las obligaciones identificadas al inicio, entre las medidas de prevención y sensibilización que deberán llevar a cabo las empresas destacan los deberes de:
Asimismo, la Ley Orgánica 10/2022 (i) amplía los derechos de las personas trabajadoras consideradas víctimas de violencia sexual, entre otros, en materia de derecho a la reducción de jornada, adaptación de jornada y movilidad geográfica y en la interpretación de las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo -equiparándolos a los derechos de las víctimas de violencia de género- y (ii) regula una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes para las empresas que suscriban contratos de interinidad con personas desempleadas para sustituir a personas trabajadoras víctimas de violencia sexual.
Como conclusión, la nueva Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual obliga a las empresas a revisar sus medidas existentes en la materia y ofrece la oportunidad de incorporar nuevas herramientas en clave de igualdad que contribuyan a la creación de organizaciones más sostenibles.
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