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El Proyecto de Ley por el que se pretenden regular las acciones colectivas se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados
El Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, que pretende trasponer la Directiva 2020/1828, contempla una regulación específica de las acciones colectivas.
Aspectos clave
- El procedimiento incluye un trámite de certificación en el que, entre otros aspectos, se examinará la homogeneidad de las pretensiones de los consumidores.
- El sistema elegido es de opt-out (vincula a todos los consumidores, salvo los que declaren su voluntad de ser excluidos); también es posible el sistema opt-in cuando el valor de la prestación que corresponda a cada consumidor supere los 3.000 € y el tribunal lo considere más adecuado para una buena Administración de Justicia.
- La distribución de los fondos entre los consumidores no identificados se prevé que la realice un liquidador, que devolverá el remanente al condenado.
El Proyecto de Ley permite la financiación por terceros e incluye algunos controles del tribunal en este aspecto.