Novedades Sostenibilidad | 1er trimestre 2026

Presentamos el boletín de novedades en materia de sostenibilidad correspondiente al primer trimestre de 2026, en el que recopilamos la legislación, jurisprudencia, publicaciones y cuestiones de interés más relevantes para la práctica ESG en Europa y Latinoamérica. Se trata, sin duda, de una compilación especialmente útil, dado el carácter transversal y multidisciplinar de esta práctica. 

Unión Europea y ámbito global 

Publicaciones Cuatrecasas

• Tendencias de sostenibilidad en Europa en 2025 y previsiones para 2026. En nuestro artículo del año pasado, «Tendencias en sostenibilidad en 2024 y nuestras previsiones para 2025», destacamos que: (i) en 2024 se había producido un avance significativo en el marco regulatorio de las finanzas sostenibles de la Unión Europea (UE) gracias a la adopción e implementación de normativa clave para la integración de la sostenibilidad en las prácticas financieras, la mejora de la transparencia y la lucha contra el greenwashing; y (ii) se esperaba que 2025 fuese el año de la ejecución y evaluación de los efectos prácticos de dicha normativa. Esta publicación examina las medidas adoptadas en 2025 y 2026, y concluye que, pese al debate generado por la reforma Ómnibus I y la significativa reducción del alcance de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad ("CSRD") y la Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad ("CS3D"), la sostenibilidad y la prevención del greenwashing continúan siendo pilares centrales de la estrategia de competitividad de la UE.
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• Publicación de la Directiva de Simplificación de la reforma Ómnibus I. El 26 de febrero de 2026 se publicó la Directiva 2026/470/UE, conocida como "Directiva Ómnibus I", que modifica significativamente el marco normativo europeo en materia de sostenibilidad corporativa. Esta directiva introduce cambios sustanciales en la normativa de información corporativa —Directiva 2022/2464/UE o "CSRD"— y en la de debida diligencia —Directiva 2024/1760/UE o "CS3D". Ver más
• Debida diligencia y derechos humanos en la UE: un puzle normativo. Tras la finalización del proceso Ómnibus I en febrero de 2026, el panorama normativo de la UE relativo a la obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos se perfila con mayor claridad, aunque no exento de complejidad. La CS3D es la norma horizontal y general que establece la obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente. Su revisión ha reducido sustancialmente el número de empresas obligadas y ha pospuesto su aplicación a julio de 2029. Sin embargo, existen otras normas europeas que también contienen obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos y que difieren en los umbrales de aplicación, en la definición de los deberes del estándar de conducta exigido y en la fecha de aplicación. En este post realizamos un breve repaso al complejo entramado normativo en materia de empresa y derechos humanos. Ver más
  

Otros

• En un avance significativo para las finanzas sostenibles, la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME) ha publicado sus "Directrices de Divulgación y Diligencia ESG para el Mercado de High Yield europeo". Este documento establece un punto de referencia para la transparencia y la diligencia debida en la evaluación de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en de las transacciones de financiación apalancada y bonos de alto rendimiento. Ver más
• El 18 de marzo se publicó el Reglamento (UE) 2026/667 que modifica la Ley Europea del Clima. Este Reglamento establece un objetivo climático vinculante para 2040 en la Ley Europea del Clima, modificando el Reglamento (UE) 2021/1119. Fija una trayectoria de reducción neta de emisiones para 2040 a escala de la UE y articula políticas de acompañamiento, incluidos parámetros para el eventual uso de créditos internacionales de alta integridad a partir de 2036, con el fin de mantener una senda rentable hacia la neutralidad climática en 2050. Además, aporta visibilidad a largo plazo para la inversión y la planificación de la transición. Ver más
• El 8 de enero se adoptó el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2026/73, que modifica los Reglamentos Delegados (UE) 2021/2178, 2021/2139 y 2023/2486 con el objetivo de simplificar las divulgaciones relacionadas con la Taxonomía de la UE y algunos criterios técnicos de "no causar un perjuicio significativo". Estas modificaciones buscan facilitar la aplicación del artículo 8 del Reglamento de Taxonomía, mejorar la utilidad y comparabilidad de los datos de sostenibilidad, y simplificar el cumplimiento tanto para empresas financieras como no financieras, sin comprometer la integridad de la taxonomía. Ver más

España

Publicaciones Cuatrecasas

• Novedades europeas en materia de igualdad y transparencia salarial. Consulta nuestro análisis sobre las novedades europeas en materia de igualdad y transparencia salarial, un paso clave hacia la equidad retributiva. El post profundiza en las medidas relevantes para garantizar una mayor transparencia en los procesos de remuneración dentro de las organizaciones. Ver más
• Aprobación de la Ley del Clima de Galicia. En febrero se publicó la Ley 1/2026, de 5 de febrero, del clima de Galicia. Con carácter general, esta ley establece un marco jurídico integral para la acción climática con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2040. De este modo, la perspectiva climática se configura como el eje transversal de todas las políticas públicas en Galicia. Ver más

Otros

• Aceleración de planes de movilidad. El plazo para desarrollar y negociar planes de movilidad sostenible para desplazamientos, conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad Sostenible, se ha reducido de 24 a 12 meses, es decir, hasta el 5 de diciembre de 2026. La Ley de Movilidad Sostenible exige que las empresas con centros de trabajo que empleen a más de 200 trabajadores (o 100 por turno) desarrollen y negocien planes de movilidad sostenible. Estos planes deben incluir medidas para promover el desplazamiento activo y de bajas emisiones, incentivos para el transporte colectivo y público (incluidos bonos de transporte), teletrabajo cuando sea posible, formación en movilidad y seguridad vial, y acciones específicas para reducir los desplazamientos en horas punta en centros de alta ocupación. Los convenios colectivos deben incorporar medidas sostenibles de movilidad laboral, con el alcance y contenido establecidos por la Ley. Asimismo, la norma también establece subvenciones competitivas para planes de movilidad de empresas cofinanciadas, generalmente para empresas con más de 100 trabajadores o 50 por turno. Además, el Real Decreto-ley 7/2026 de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral en Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, establece que las empresas que reciban ayuda y no cumplan con la obligación de desarrollar un plan de movilidad deberán devolver dichas ayudas. 

Portugal

Outros

• O Conselho de Ministros aprova a Resolução n.º 58/2026, de 24 de março. Plano de Ação para a Economia Circular 2025–2030. A resolução define cinco objetivos estratégicos gerais para o plano de ação de Portugal em matéria de economia circular no período 2025–2030: (1) evitar a sobre-exploração de recursos e preservar o capital natural; (2) prevenir a produção de resíduos e assegurar a correta gestão de resíduos; (3) prevenir a poluição e regenerar ecossistemas; (4) criar oportunidades e benefícios socioeconómicos; e (5) promover a educação, a sensibilização e a comunicação, de modo a influenciar comportamentos e práticas em toda a economia, no ambiente e na sociedade. Estes objetivos estratégicos serão implementados através da criação de um modelo de governança a dois níveis: um Comité Coordenador que envolve a APA (Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.), a DGE (Direção-Geral da Economia) e o GPP (Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral); e uma Comissão Técnica de Acompanhamento e Análise para o Financiamento, à qual são atribuídas funções de supervisão, reporte e coordenação do financiamento.
• A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa publica a Circular Anual para Emitentes. Em 25 de fevereiro, a CMVM publicou a sua Circular Anual para Emitentes. Com particular enfoque nas sociedades cotadas, a Circular define os objetivos e prioridades da CMVM para 2026, destaca as principais alterações regulatórias a nível nacional e internacional e avalia a atividade de supervisão da CMVM em 2025. Um dos objetivos da CMVM para 2026 é o reforço da supervisão presencial e à distância, baseada em dados e focada nas áreas de maior risco, em particular no que respeita à governança societária das entidades supervisionadas. Entre as suas prioridades para 2026, a CMVM destaca a supervisão quanto ao reporte sobre sustentabilidade, com especial enfoque na qualidade da informação divulgada pelos emitentes. Quanto à CSRD, ainda não transposta para o ordenamento jurídico português, a CMVM continua a adotar uma abordagem gradual destinada a promover a adaptação progressiva aos requisitos previstos na Diretiva, referindo que os emitentes já abrangidos pela CSRD podem, voluntariamente, considerar as ESRS na preparação da informação sobre sustentabilidade, enquanto os emitentes ainda não abrangidos pela Diretiva podem optar por reportar ao abrigo da norma voluntária para PME (ESRS VSME) desenvolvida pelo EFRAG, preparando-se assim para responder às necessidades de reporte das grandes empresas cuja cadeia de valor integram, em linha com a Recomendação da Comissão Europeia de 30 de julho de 2025.
• Manual da articulação das regras do Código dos Contratos Públicos com Instrumentos Legislativos Europeus. O Manual da articulação das regras do Código dos Contratos Públicos com Instrumentos Legislativos Europeus apresenta a contratação pública — que representa aproximadamente 14–15% do PIB da União Europeia (UE) — como um instrumento determinante para a concretização de objetivos de política pública. Explica como o Código dos Contratos Públicos (CCP) português deve ser aplicado em articulação com um conjunto cada vez mais amplo de instrumentos legislativos da UE, incluindo regulamentos, diretivas e decisões. O manual mapeia, de forma estratégica, as interseções entre o CCP e regras europeias essenciais em matéria ambiental, social, de inovação e concorrência (designadamente as diretivas de 2014 sobre concessões, contratação pública “clássica” e setores especiais). Fornece orientações detalhadas sobre a incorporação destes requisitos ao longo de todo o ciclo de contratação — desde o planeamento até à execução do contrato. Além disso, o manual oferece uma análise técnica e jurídica abrangente, enriquecida com exemplos práticos que ilustram a aplicação dos instrumentos legais relevantes.

Chile

Otros

• Supervisión Ambiental para 2026. El 9 de enero se aprobaron las Resoluciones Exentas Nº 2.992–2.999, mediante las cuales se establecieron ocho programas de supervisión ambiental para el 2026. Estos programas fijan cuotas de inspección acordes con el presupuesto disponible y comparten una estrategia basada en la priorización por riesgos, el uso de tecnologías modernas y análisis de datos, y un enfoque preventivo y disuasorio, con especial atención a territorios vulnerables y componentes críticos como el agua, la biodiversidad y la calidad del aire. Las áreas cubiertas son: (i) planes de prevención y descontaminación coordinados con entidades públicas; (ii) normas de emisión, con prioridad en quejas por ruido; (iii) resoluciones de cualificación ambiental aprobadas hasta diciembre de 2025; (iv) medidas provisionales conforme al artículo 43 bis de la Ley 19.300; (v) programas de cumplimiento en el marco de procedimientos sancionadores; (vi) normas de calidad ambiental aplicables a estaciones de monitorización de aire y agua; (vii) sistemas de gestión de residuos al amparo de la Ley 20.920, relativa a la responsabilidad ampliada del productor; y (viii) impuestos sobre emisiones de PM, NOx, SO2 y CO2. El seguimiento del desempeño se mide por el porcentaje de inspecciones programadas completadas, con mecanismos de respuesta no programada ante quejas, autoinformes u otras contingencias urgentes.
• Política Nacional para el Desarrollo Productivo Sostenible. El 22 de enero se publicó el Decreto Nº 76 de 2025, que aprueba la Política Nacional para el Desarrollo Productivo Sostenible, una iniciativa estratégica orientada a afrontar la desaceleración del crecimiento, la caída de la productividad y la vulnerabilidad frente al cambio climático. La política promueve un crecimiento económico sostenible y ambientalmente consciente, mediante el conocimiento y la tecnología. La política propone acciones en cuatro ejes: (i) elevar la sofisticación y productividad de los sectores económicos existentes; (ii) impulsar la diversificación económica y los encadenamientos productivos; (iii) aprovechar la transición energética, especialmente en sectores como el cobre, litio e hidrógeno verde; y (iv) desarrollar medidas habilitadoras, tales como el desarrollo de infraestructura, la formación de capital humano y la provisión de instrumentos financieros adecuados. Asimismo, enfatiza principios transversales como la colaboración público-privada, descentralización, igualdad de género, desarrollo territorial y sostenibilidad ambiental, con el objetivo de posicionar a Chile como referente en desarrollo productivo sostenible.

Colombia

Otros

• Creación del Observatorio de Planificación Territorial. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo "Ordenar el territorio en torno al agua", mediante decreto, se estableció el Observatorio de Planificación Territorial de Colombia como un mecanismo técnico y científico diseñado para recopilar, analizar y publicar datos que respalden la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas territoriales sostenibles. El Observatorio promueve la sostenibilidad territorial mediante la justicia ambiental, la planificación centrada en el agua, la gobernanza inclusiva y el uso de información geoespacial abierta e interoperable. Su mandato incluye el seguimiento continuo de políticas y normativas territoriales en todos los niveles de gobierno, de acuerdo con principios de innovación, accesibilidad y calidad de los datos. Asimismo, fomenta el diálogo inclusivo, visibilizando el conocimiento de comunidades étnicas y campesinas para una planificación equitativa. El Observatorio será gestionado por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y operará en coordinación con sistemas nacionales como el ICDE y el Sistema de Administración del Territorio (SAT), integrando inteligencia geoespacial en la toma de decisiones sostenibles.
• Régimen sancionatorio para pueblos y comunidades indígenas – Decreto 0064 de 2026 (26 de enero de 2026). El Ministerio del Interior expidió el Decreto 0064 de 2026, mediante el cual se reglamenta el régimen disciplinario y sancionatorio aplicable a los pueblos y comunidades indígenas en el marco del reconocimiento de su autonomía y gobierno propio, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política. Desde una perspectiva ESG, esta norma refuerza el componente social (S) y de gobernanza (G) de las operaciones empresariales en territorios con presencia de comunidades étnicas, al clarificar las obligaciones de relacionamiento, consulta previa y respeto de los sistemas normativos propios. Las empresas con proyectos de infraestructura, minería, energía o agroindustria en zonas de influencia indígena deben revisar sus procesos de debida diligencia en derechos humanos a la luz de este nuevo marco regulatorio.
• Directrices para la Gestión del Riesgo Climático y Sostenibilidad en el Sector Financiero – Decreto 0150 de 2026 (11 de febrero de 2026). La Presidencia de la República expidió el Decreto 0150 de 2026, que modifica y complementa el marco normativo aplicable al sistema financiero colombiano en materia de gestión de riesgos climáticos y divulgación de información relacionada con sostenibilidad. La norma establece obligaciones para que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera incorporen criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus procesos de gestión de riesgo, originación de crédito y reporte corporativo, en línea con los estándares internacionales del Network for Greening the Financial System (NGFS) y el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Para el mercado de capitales, este decreto representa un avance significativo hacia la alineación del sistema financiero colombiano con las mejores prácticas globales en finanzas sostenibles, con impacto directo sobre emisores, inversionistas institucionales y gestores de activos que operen en el país.     
• Regulación de sistemas agroforestales y uso sostenible del suelo rural – Decreto 0174 de 2026 (24 de febrero de 2026). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el Decreto 0174 de 2026, mediante el cual se establecen directrices para la implementación de sistemas agroforestales, la reconversión productiva sostenible y el uso eficiente del suelo en zonas rurales. La norma busca armonizar la productividad agropecuaria con la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, promoviendo prácticas de agricultura regenerativa e incentivos para productores que adopten modelos de producción con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Para empresas del sector agroindustrial y alimentario, así como para inversionistas con exposición a cadenas de suministro agropecuarias, este decreto es relevante en el componente ambiental (E) de sus estrategias ESG, particularmente en lo relativo a deforestación, huella de carbono y gestión responsable del territorio. 
• Regulación de mercados de carbono y mecanismos de compensación ambiental – Decreto 0177 de 2026 (24 de febrero de 2026). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 0177 de 2026, que desarrolla el marco regulatorio para los mercados de carbono voluntarios y de cumplimiento en Colombia, en concordancia con la Ley 2169 de 2021 y los compromisos del país bajo el Acuerdo de París. La norma define los criterios de elegibilidad, verificación y registro de proyectos generadores de créditos de carbono, y establece las condiciones para la participación de actores privados en dichos mercados, incluyendo sectores de energía, industria, transporte y uso del suelo. Este decreto tiene una relevancia transversal para el mercado ESG colombiano: abre oportunidades de financiación climática, permite a las empresas estructurar estrategias de compensación de emisiones con respaldo normativo claro y contribuye al desarrollo de un ecosistema doméstico de bonos y créditos de carbono alineado con los estándares internacionales.

México

• Congreso de la Unión promulgó la Ley de Economía Circular. El 19 de enero, se promulgó la Ley General de Economía Circular, que establece un marco para prolongar la vida útil de los productos, minimizar los residuos y promover la recuperación de materiales. Un elemento central es la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que exige a productores e importadores asumir la responsabilidad del impacto ambiental de sus productos a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo el registro de Planes de Gestión Circular ante las autoridades federales. Las empresas deben incorporar principios de diseño circular y cumplir objetivos de circularidad establecidos de forma progresiva. La ley también introduce el Sello Nacional de Economía Circular, que otorga un trato preferencial en la contratación pública a productos que cumplan con los principios incorporados en la norma. Por otro lado, el incumplimiento de la ley puede conllevar sanciones administrativas.

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