Nuevo marco de ayudas estatales de la Unión Europea para el Pacto por una Industria Limpia

Este 25 de junio de 2025, la Comisión Europea ha adoptado un nuevo Marco de Ayudas Estatales relativo al Pacto por una Industria Limpia denominado CISAF (Clean Deal State Aid Framework), que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. Este instrumento, que sustituye al anterior Marco Temporal de Crisis y Transición (Temporary Crisis and Transition Framework), es la nueva respuesta europea a la urgencia climática, la presión competitiva global y la necesidad de garantizar una autonomía estratégica en sectores clave para la transición ecológica.

Contexto

El CISAF ha sido adoptado en un contexto en el que la Unión Europea aspira a liderar la carrera global hacia la neutralidad climática, con grandes retos que van desde la volatilidad de los precios energéticos y la dependencia de materias primas críticas, hasta la amenaza de deslocalización de industrias estratégicas y la competencia de regiones con políticas climáticas menos exigentes. La Comisión Europea, consciente de que la inversión privada por sí sola no bastará para transformar el tejido productivo europeo, habilita mediante el CISAF a los Estados Miembros a intervenir bajo límites y procedimientos claros para garantizar la eficiencia en el uso de los fondos públicos, asegurando que la intervención estatal no genere distorsiones injustificadas en el mercado interior.

El CISAF establece las condiciones de la concesión de ayudas por los Estados miembros a determinadas inversiones y objetivos con arreglo a las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales. A partir de las previsiones del CISAF, la Comisión autorizará los regímenes de ayuda adoptados por los Estados miembros para estimular la rápida concesión de ayudas individuales. 

En este sentido, el CISAF nace como un marco más flexible, bajo el que los Estados miembros podrán apoyar financieramente proyectos para el desarrollo de energías renovables, combustibles hipocarbónicos, descarbonización industrial, fabricación de tecnologías limpias y economía circular. Todo ello, bajo una premisa fundamental: la ayuda debe ser necesaria, idónea y proporcionada para generar el mínimo falseamiento de la competencia.

En esta línea, el CISAF establece que la intervención estatal solo se justifica cuando el mercado, por sí solo, no puede alcanzar los objetivos de descarbonización y modernización industrial en el plazo requerido. Por ello, la ayuda debe limitarse al mínimo necesario para incentivar la inversión o actividad que, en ausencia de esta, no se realizaría o se haría de forma más limitada. Así, el CISAF introduce dos condiciones fundamentales para que una ayuda estatal sea considerada compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):

• Condición positiva (efecto incentivador): la ayuda debe inducir al beneficiario a realizar una inversión o actividad que no llevaría a cabo sin la ayuda, o que realizaría de forma limitada. Se presume el efecto incentivador cuando la solicitud de ayuda es previa al inicio de los trabajos, o cuando la ayuda se concede automáticamente bajo criterios objetivos y no discriminatorios.
• Condición negativa: la ayuda no debe alterar indebidamente las condiciones de los intercambios comerciales entre Estados miembros de forma contraria al interés común. Para ello, la Comisión evalúa su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, así como los posibles efectos negativos sobre la competencia, y exige que la ayuda se limite al mínimo necesario.

Contenido

Una de las novedades del CISAF es la simplificación de los procedimientos para la autorización de ayudas en el ámbito de las energías renovables. La Comisión reconoce la necesidad de acelerar y facilitar determinadas inversiones y actividades para alcanzar los objetivos del Pacto para una Industria Limpia. De esta forma, los proyectos de energías renovables y los mecanismos de apoyo a la flexibilidad del sistema eléctrico podrán beneficiarse de procedimientos más ágiles, con menos trabas burocráticas y mayor previsibilidad para los inversores. Además, se establecen plazos máximos para la puesta en marcha de los proyectos y se requiere el establecimiento de regímenes de sanciones en caso de incumplimiento para reforzar la eficacia de las medidas.

El marco también reconoce la situación particular de los grandes consumidores de electricidad (“energy-intensive industries”), especialmente en sectores intensivos en energía y expuestos a la competencia internacional. Para ellos, el CISAF contempla la concesión de ayudas temporales que alivien el coste eléctrico, con el objetivo de evitar la deslocalización de industria estratégicas hacia regiones con menores exigencias medioambientales, pero con una contrapartida clara: las empresas beneficiarias deberán comprometerse a invertir en descarbonización y eficiencia energética.

En el ámbito de la descarbonización industrial, el CISAF busca promover la concesión de ayudas para el desarrollo de una amplia gama de tecnologías y soluciones: electrificación de procesos, uso de hidrógeno renovable, captura y almacenamiento de carbono, biomasa, eficiencia energética, entre otras. El marco establece en estos ámbitos criterios de elegibilidad y límites de ayuda específicos, con intensidades máximas y mecanismos de reembolso para evitar la sobrecompensación en proyectos de gran envergadura. Además, el CISAF establece que la ayuda puede adoptar múltiples formas: desde subvenciones directas y ventajas fiscales (como la amortización acelerada de inversiones en tecnologías limpias), hasta préstamos, garantías o inversiones en capital junto a inversores privados.

Un capítulo especialmente relevante es el dedicado a las ayudas para el impulso de la capacidad de fabricación de tecnologías limpias en Europa. El CISAF incentiva la creación y ampliación de plantas de producción de bienes y componentes estratégicos (como paneles solares, baterías, o materias primas críticas), con intensidades de ayuda diferentes según la localización y el tamaño de la empresa. El objetivo es claro: reducir dependencias, fortalecer la autonomía industrial y evitar que inversiones clave se desvíen fuera de la Unión, contribuyendo al valor de referencia del 40% de resiliencia en la capacidad de fabricación europea, conforme al Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas. En este sentido, también se exige que las inversiones se mantengan en la zona beneficiaria durante al menos 5 años, para evitar la deslocalización y garantizar la creación de empleo de calidad.

La reducción de riesgos para la inversión privada es otro de los pilares del CISAF. La Comisión permite así a los Estados miembros establecer fondos o vehículos de inversión que, mediante instrumentos como garantías, préstamos subordinados o inversiones en capital, faciliten y atraigan la participación de inversores privados en proyectos de energía limpia, descarbonización, infraestructuras y economía circular que, de otro modo, no asumirían el riesgo de este tipo de proyectos.

El CISAF se refiere también a la dimensión social y territorial de la transición energética, animando a los Estados miembros a incorporar, en el diseño de las medidas de ayuda estatal, criterios que promuevan la creación de empleo de calidad, la formación y la transición justa, y excluyan a entidades que utilicen paraísos fiscales para eludir su contribución fiscal. Además, se prevén mayores intensidades de ayuda para proyectos ubicados en regiones menos favorecidas (zonas asistidas), contribuyendo así a la cohesión y evitando que la transición a una economía de cero emisiones netas agrave las desigualdades territoriales.

En cuanto a la gobernanza y el control de las ayudas, el marco establece las siguientes obligaciones de transparencia: publicación de las ayudas concedidas por los Estados miembros, envío de informes anuales a la Comisión y conservación de registros durante al menos diez años. La Comisión se reserva la facultad de realizar controles para verificar el cumplimiento de las condiciones del CISAF.