España. ¿Qué ha pasado en 2025?

Nuestro equipo de Conocimiento e Innovación ha seleccionado las principales novedades legales y jurisprudenciales de este año 2025 con el objetivo de proporcionar una visión general de estos cambios y facilitar a las empresas su identificación e implementación.

Competencia e inversiones extranjeras

Actuaciones de la CNMC

En el marco de sus competencias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tomado decisiones relevantes para las empresas. Así:

• En materia de control de concentraciones, ha prohibido por primera vez, desde la entrada en vigor de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, una operación de concentración. Ver más
• En relación con conductas restrictivas de la competencia, ha dictado una resolución sancionadora en la que ha impuesto a la empresa infractora la prohibición de contratar con la Administración Pública y, además y por primera vez, ha fijado el alcance y duración de dicha prohibición. Hasta ahora, la CNMC imponía la prohibición de contratar, pero remitía la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que determinase el alcance y la duración de la prohibición. Ver más

Control de la inversiones extranjeras directas

El Real Decreto-ley 1/2025 extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen transitorio de autorización para ciertas inversiones directas por residentes de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Ver más

Para más información sobre el régimen de inversiones extranjeras directas, puede consultarse nuestra guía: Inversiones extranjeras en España: cuestiones clave. 

Compliance

El 1 de septiembre entró en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante (“AIPI”). A pesar de que, conforme a la Disposición transitoria única del Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, se tenía que notificar a la AIPI, en un plazo de dos meses desde su entrada en funcionamiento, los nombramientos y ceses de las personas designadas como responsables del sistema interno de información (ver más), posteriormente la AIPI ha precisado que este plazo no comenzará a computar hasta que esté accesible, a través de su portal web, el formulario específico de notificación. Ver más

España ha aprobado el Real Decreto-ley 10/2025, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, imponiendo restricciones al comercio y tránsito de material de defensa, así como a la importación de bienes procedentes de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. Ver más

La Unión Europea (“UE”) ha aprobado nuevos paquetes de sanciones contra Rusia (ver más), ha reimpuesto un amplio paquete de sanciones contra Irán (ver más) y ha levantado la mayor parte de las sanciones contra Siria (ver más).

El Departamento de Justicia (“DOJ”) de los Estados Unidos (“EE.UU.”) ha publicado las nuevas directrices que reanudan la aplicación de la Foreign Corrupt Practices Act. El DOJ priorizará los casos que tengan una conexión clara con los intereses estratégicos de EE.UU., como vínculos con cárteles u organizaciones criminales transnacionales, sobornos relacionados con infraestructuras críticas, defensa o inteligencia y prácticas que puedan afectar la competitividad de empresas estadounidenses en mercados clave. Ver más

Pueden consultarse otras novedades relevantes en materia de compliance en nuestras newsletters trimestrales en el siguiente enlace: Cuatrecasas Compliance Corner.

Digitalización

En enero de 2025 empezó a ser aplicable el Reglamento DORA (Digital Operational Resilience Act) –Reglamento (UE) 2022/2554– que introduce novedades significativas para las entidades que operan en el sector financiero. La norma busca fortalecer la resiliencia operativa digital de las entidades financieras, asegurando que puedan resistir, responder y recuperarse de cualquier tipo de interrupción operativa, especialmente aquellas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Más información en estos dos webinars: primera sesión; segunda sesión.

El pasado febrero entraron en vigor las primeras obligaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial —Reglamento (UE) 2024/1689— como las prácticas prohibidas o la obligación de alfabetización en materia de IA. Ver más

En el podcast sobre el Reglamento de IA de nuestra serie “Tendencias Legales” nuestros expertos analizan el impacto para las empresas del Reglamento de IA (puede escuchar nuestro podcast aquí) y en esta guía analizamos El deber de alfabetización en IA en la UE.

En junio entró en vigor el Título I de la Ley 11/2023 (“Ley de Accesibilidad”), que transpone la Directiva 2019/882, de 17 de abril, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, con notable incidencia en los servicios electrónicos y digitales, entre otros. Ver más

El 19 de noviembre la Comisión Europea presentó el Digital Package, un conjunto de iniciativas legislativas destinado a simplificar la normativa del ecosistema digital europeo, reforzar la competitividad tecnológica y facilitar que empresas y administraciones operen en un mercado digital más coherente y menos fragmentado. Ver más

Energía

Mediante el Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, se han introducido novedades en la tramitación de proyectos renovables, almacenamiento, repotenciación y acceso a red para instalaciones de demanda. Ver más

Por su parte, el Real Decreto 917/2025, de 15 de octubre, ha adaptado la regulación de las renovables a las nuevas condiciones del mercado eléctrico, e incorporado medidas para adecuar el régimen retributivo específico a las nuevas realidades del sector (hibridaciones, precios negativos, acontecimientos imprevisibles), impulsar el almacenamiento y garantizar la estabilidad del sistema tras el cero energético. Ver más

Asimismo, la reciente Ley de Movilidad Sostenible ha modificado la Ley del Sector Eléctrico y el Real Decreto 244/2019 incluyendo diversas medidas en materia de autoconsumo. Ver más

En el ámbito autonómico, en Andalucía, Murcia, Cataluña y Extremadura, se han aprobado diversas medidas, orientadas a la simplificación y modernización de los procedimientos administrativos, que impulsan y agilizan proyectos de energías renovables y almacenamiento. Ver más

Destacamos, además, dos sentencias relevantes para el sector energético:

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), en su Sentencia de 1 de agosto de 2025, asunto C-461/24 (ECLI:EU:C:2025:620), ha avalado el criterio de promotores de parques eólicos y de la Xunta de Galicia sobre los informes sectoriales y el trámite de información pública a los que deben someterse los proyectos. Ver más
• En España, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 749/2025, de 12 de junio (ECLI:ES:TS:2025:2744), ha confirmado que las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables gozan, ex lege, de utilidad pública, y que la relación de bienes y derechos afectados de su DUP no puede incluir parcelas con título de uso vigente. Ver más

Por último, la Circular 2/2025, de 9 de abril, de la CNMC ha establecido la metodología y condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural. Ver más

Farmacéutico y Sanitario

El 11 de diciembre de 2025 se alcanzó un acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo para la reforma de la normativa europea en materia de derecho farmacéutico.

Se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Una vez aprobado, el Anteproyecto de Ley remplazará al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ver más

El Tribunal Supremo ha clarificado si las compañías farmacéuticas pueden realizar publicidad de los medicamentos en el periodo entre la obtención de la autorización de comercialización y la resolución de precio y financiación. Ver más

El 25 de marzo de 2025 entró en vigor el Reglamento (UE) 2025/327, del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2025, relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud, que pretende  mejorar el acceso y el control sobre los datos personales de salud. Ver más

Desde el 12 de enero de 2025 es aplicable el Reglamento (UE) 2021/2282, de 15 de diciembre de 2021, sobre la evaluación de tecnologías sanitarias. En España, el Ministerio de Sanidad publicó el mes de septiembre un Proyecto de Real Decreto. Ver más

Financiero y Regulatorio

Valoración Inmuebles y Derechos Reales 

La Orden ECO/805/2003, norma básica para la valoración de inmuebles y derechos reales en el sector financiero, ha sido modificada por la Orden ECM/599/2025 para integrar la normativa sobre sostenibilidad y eficiencia energética aprobada recientemente y las nuevas figuras administrativas creadas por los ayuntamientos. Ver más

Jurisprudencia Relevante

Destacamos, además, dos sentencias relevantes para las operaciones de financiación sobre cláusulas de jurisdicción asimétricas y cláusulas de vencimiento anticipado:

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) se ha pronunciado sobre las cláusulas de elección de foro asimétricas en su sentencia TJUE de 27 de febrero de 2025, asunto C-537/23 (ECLI:EU:C:2025:120). En ella establece las condiciones para que se considere válido un acuerdo atributivo de competencia judicial en virtud del cual una de las partes solo puede ejercitar acciones ante el tribunal designado, mientras que permite a la otra parte ejercitarlas ante cualquier otro órgano jurisdiccional competente. Esta sentencia tiene implicaciones significativas tanto para la práctica de financiación como para el reconocimiento de sentencias extranjeras, especialmente cuando las cláusulas asimétricas incluyen referencias imprecisas a tribunales de Estados no miembros de la UE.
• El Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 1335/2025, de 30 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:4203), se pronuncia sobre la validez del ejercicio de cláusulas de vencimiento anticipado en los casos en los que el acreedor que las invoca ha incumplido previamente sus propias obligaciones contractuales. Ver más

Regulatorio Financiero

En materia regulatoria-financiera, destacamos las iniciativas impulsadas por la Comisión Europea, fruto de la estrategia de la Unión de Ahorros e Inversiones (“SIU” por sus siglas en inglés). Ver más

En el ámbito de la SIU destacamos el “Paquete de Pensiones Complementarias”, que incluye la Recomendación (UE) 2025/2384, de 20 de noviembre de 2025 sobre los sistemas de rastreo de las pensiones, los cuadros de indicadores de las pensiones y la afiliación automática (DOUE L, 27.11.2025), y dos propuestas de modificación del Reglamento sobre el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP) y de las Directivas sobre actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo y distribución de seguros. Ver más

Asimismo, destacamos la propuesta de revisión del Reglamento de divulgación en finanzas sostenibles (SFDR 2.0.) y el paquete de integración y supervisión del mercado único de servicios financieros, que comentamos en los apartados de “Sostenibilidad” y “Mercado de Capitales”, respectivamente. 

Fiscal

Fiscalidad Corporativa

A finales del año 2024, la Ley 7/2024 creó el nuevo Impuesto Complementario para transponer la Directiva del Pilar Dos sobre la tributación global mínima del 15 % para los grandes grupos empresariales —aquellos que facturan más de 750 M €—(ver más). Durante el año 2025 se ha abordado el desarrollo de esta norma, mediante el Real Decreto 252/2025, que aprueba el Reglamento del Impuesto Complementario (ver más), y la Orden HAC/1198/2025, que incluye los correspondientes modelos de declaración (formularios 240, 241 y 242) (ver más). Para finalizar, y aun desde un prisma estrictamente político, también debe destacarse el acuerdo alcanzado por el G7 el pasado 28 de junio de 2025, del que podrían derivarse cambios sustantivos en la materia.

A inicios del año 2024, el Tribunal Constitucional (“TC”), mediante la sentencia 11/2024, de 18 de enero, declaró inconstitucionales determinadas medidas del Impuesto sobre Sociedades (IS) aprobadas por el Real Decreto-Ley 3/2016 (RDL 3/2016), que elevaron significativamente las cuotas para muchas empresas y grupos fiscales desde el ejercicio 2016. En concreto, las medidas declaradas nulas e inconstitucionales fueron: (i) la imposición de una reversión automática en quintas partes de los deterioros de valor de participaciones en otras entidades; y (ii) para las empresas con un importe neto de la cifra de negocios (INCN) superior a 20 M €, los mayores límites (del 25 % o 50 %) en la compensación de bases imponibles negativas y en la aplicación de las deducciones por doble imposición (del 50 % de la cuota íntegra). Ver más. Las citadas medidas fueron de nuevo introducidas con alguna modificación por la Ley del Impuesto Complementario, con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2024, que la mayoría de las compañías tuvieron que autoliquidar en julio de 2025. Ver más

En 2025 se han planteado dos nuevas cuestiones de inconstitucionalidad, que el TC deberá resolver, sobre otras dos medidas que fueron aprobadas por este RDL 3/2016: (i) la no deducibilidad en el IS de las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en otras entidades (ver más); y (ii) los mayores límites (del 25 % o 50 %) en la compensación de cuotas negativas de ejercicios anteriores por parte de las cooperativas en la cuota íntegra positiva de los ejercicios siguientes, para las cooperativas con un INCN superior a 20 M de € (ver más). Los contribuyentes del IS afectados por estas medidas deben analizar la conveniencia de instar la rectificación de las autoliquidaciones afectadas, ya que no es descartable que, en caso de declararse inconstitucionales estas medidas, el TC limitara los efectos de su decisión.  

En cuanto al régimen de consolidación fiscal en el IS, en 2023 la Agencia Tributaria hizo pública una nota explicativa dando difusión de su criterio interpretativo mediante el que se restringe la posibilidad de aplicar y compensar créditos fiscales (como las BINs y las deducciones) por parte de los grupos fiscales. Ver más. No es descartable que este criterio interpretativo acabe siendo objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por el momento, en 2025 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fallado en una sentencia contra el citado criterio interpretativo, por apartarse de la regulación del régimen de consolidación fiscal. Ver más

Por otra parte, y también vinculado con el régimen de consolidación fiscal en el IS, el ejercicio 2025 será, en principio, el último en el que operará la limitación del 50 % en el aprovechamiento de las BINS individuales generadas por las entidades que integran un grupo fiscal, medida que se extendió dos ejercicios más (los ejercicios 2024 y 2025, siendo el inicialmente previsto el 2023) con la aprobación de la Ley del Pilar Dos. Ver más

Asimismo, mediante la Ley del Pilar Dos se modificó también, con efectos para el ejercicio 2025, la regulación de la reserva de capitalización del IS, incrementándose el porcentaje aplicable, del 15 % al 20 %, sobre el incremento de los fondos propios (o del 23 %, 26,5 % o 30 % si la plantilla media total de la entidad o grupo fiscal se ha incrementado respecto a un periodo previo y dicho incremento se mantiene). Estas modificaciones para 2025 se unen a las que ya se aprobaron en 2024, con el Real Decreto-ley 4/2024. Ver más

Se han modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Convenio Económico entre la Comunidad de Navarra y el Estado. Entre las modificaciones introducidas, destacan la concertación de nuevas figuras impositivas y el aumento de la cifra umbral de volumen de operaciones del ejercicio anterior (de 10 M € a 12 M €) que determina la normativa aplicable, exacción y competencia de inspección en determinados impuestos, con efectos para los periodos impositivos o de liquidación se inicien a partir de 1 de enero de 2026. Ver más y Ver más

Fiscalidad de las personas físicas y grandes patrimonios

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido en 2025 varios pronunciamientos de gran importancia en materia de tributación de personas físicas y grandes patrimonios, que conviene destacar por su impacto potencial en numerosos contribuyentes. 

• En su sentencia de 14 de julio de 2025, el TS ha clarificado los requisitos para aplicar las reducciones fiscales en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en transmisiones de empresas familiares dedicadas al arrendamiento de inmuebles. El Tribunal ha adoptado un criterio favorable para los contribuyentes, estableciendo que basta con que exista al menos un empleado dedicado a la actividad de arrendamiento para que esta se considere una actividad económica. No es necesario justificar la contratación de dicho empleado desde una perspectiva de necesidad económica, lo que facilita el acceso a los beneficios fiscales para este tipo de empresas familiares. Ver más
• Por otra parte, en dos sentencias recientes, de 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025, el TS ha sentado una jurisprudencia relevante para los no residentes sujetos al Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en España. El Alto Tribunal ha considerado que el límite conjunto de la suma de la cuota íntegra del IP y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), previsto en el artículo 31 de la Ley del IP —que permite reducir la cuota del IP en función de la tributación en el IRPF— también debe aplicarse a los contribuyentes no residentes. Ver más

Finalmente, durante 2025, el TS también ha admitido a casación varias cuestiones que previsiblemente se resolverán durante el próximo año y que pueden tener un impacto significativo en la planificación fiscal de grandes patrimonios y estructuras empresariales familiares. Entre ellas destacan la interpretación de la exigencia de contar con varias ramas de actividad para poder aplicar el régimen de neutralidad fiscal en las escisiones totales subjetivas (operaciones de separación de activos y socios) (ver más), y la interpretación de la cláusula antiabuso en operaciones de aportación de participaciones a sociedades holding familiares, que tanto debate han generado tras las resoluciones del Tribunal Económico-administrativo Central del 2024 y también del 2025 (TEAC) (ver más).  

Mediante el Real Decreto-ley 8/2023 se prorrogó la vigencia del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) más allá del ejercicio 2023 (ver más). Durante 2024 y también 2025 varias Comunidades Autónomas han adoptado medidas diversas en el ámbito del IP con la finalidad de que dicha tributación acabe recayendo en la Comunidad Autónoma en lugar de en el Estado. Ver más

Fiscalidad Indirecta e Impuestos Especiales

Destacamos los avances en materia de digitalización de los procesos de facturación y los dos proyectos en marcha: (i) los nuevos requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos o electrónicos de facturación (SIF); y (ii) la facturación electrónica obligatoria que se impondrá en las operaciones entre empresarios y profesionales (B2B).

Respecto al primer proyecto (conocido como proyecto Veri*factu), la normativa está completamente aprobada e impone obligaciones de adaptación de los SIF especialmente a aquellos empresarios y profesionales, entidades y personas físicas, que no lleven sus libros registros del IVA a través de la sede electrónica de la AEAT (conocido como SII-IVA).

Los desarrolladores y comercializadores de software de facturación debían tener adaptados sus SIF desde el pasado 29 de julio de 2025. Sin embargo, son varios los vaivenes que ha sufrido la fecha límite en la que los usuarios de SIF, personas jurídicas o personas físicas, deben tener adaptados sus SIF a las nuevas especificaciones técnicas. Dicha fecha límite se ha modificado en dos ocasiones a lo largo de 2025. La última modificación se ha producido en diciembre de 2025, mediante el Real Decreto-ley 15/2025, posponiéndose la fecha límite, para los usuarios de los SIF personas jurídicas, contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, a 1 de enero de 2027, y para el resto de los usuarios, al 1 de julio de 2027. Este último cambio, ha provocado cierta inseguridad jurídica especialmente a aquellos sujetos pasivos del IVA que, para quedar excluidos de la obligación de adaptar sus SIF, han optado, con carácter previo a la aprobación del RDL 15/2025, por el SII-IVA o por el régimen de devolución mensual. Se plantean dudas sobre si tras la aprobación del RDL 15/2025 pueden renunciar. Ver más

Respecto a la facturación electrónica obligatoria para operaciones B2B, en 2025 se ha hecho pública una nueva versión (la tercera) de borrador del proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de la facturación electrónica. En tanto que este Real Decreto no se apruebe no pueden determinarse con exactitud las fechas a partir de la cuales la facturación electrónica obligatoria será una realidad en España. Ver más

En materia del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) llama la atención la falta de transposición en la normativa española de la Directiva 2022/542 (que modificó la Directiva del IVA) de las nuevas reglas de localización en el IVA para ciertos servicios de acceso a eventos y manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas o similares, cuando la asistencia a estos eventos sea virtual. Ver más

Por último, Cataluña, entre otras medidas, ha incrementado al 20% el tipo de gravamen aplicable a las adquisiciones de inmuebles realizadas por grandes tenedores en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados. Ver más. Tras dicha modificación, Asturias ha modificado, también en 2025, su normativa autonómica en igual sentido. Ver más

Respecto a la facturación electrónica obligatoria para operaciones B2B, en 2025 se ha hecho pública una nueva versión (la tercera) de borrador del proyecto de Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de la facturación electrónica. En tanto que este Real Decreto no se apruebe no pueden determinarse con exactitud las fechas a partir de la cuales la facturación electrónica obligatoria será una realidad en España. Ver más

Fiscalidad Financiera

Durante el segundo trimestre del año 2025 se ha aprobado una profunda reforma fiscal de los sistemas de previsión social complementaria en el País Vasco. La normativa foral aprobada en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa ha introducido cambios muy relevantes en el tratamiento fiscal aplicable a las inversiones en Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) y otros instrumentos de previsión social complementaria. Se ha mejorado la reducción fiscal en la base imponible del IRPF por aportaciones y contribuciones empresariales de trabajadores por cuenta ajena y de trabajadores autónomos, y se han creado nuevas deducciones en la cuota íntegra del IRPF y del IS para impulsar las aportaciones y contribuciones en determinados instrumentos de previsión social empresarial. Asimismo, la parte de las prestaciones percibidas que corresponda a la rentabilidad financiera acumulada en los sistemas de previsión social complementaria pasa a tener la calificación fiscal de rendimiento del capital mobiliario —en lugar de rendimiento del trabajo—, pudiendo la misma quedar exenta de gravamen si el cobro tiene lugar en forma de renta bajo el cumplimiento de determinados requisitos. Ver más 

Por otra parte, con la finalidad de promover que los ahorros e inversiones de los ciudadanos europeos puedan movilizarse en mayor medida hacia los mercados de capitales y las empresas europeas puedan indirectamente obtener mayores niveles de financiación, la Comisión Europea publicó el 30 de septiembre su Recomendación sobre el aumento de la disponibilidad de cuentas de ahorro e inversión con un tratamiento fiscal simplificado y ventajoso, en la que se regula un marco jurídico común basado en los principios de simplicidad, flexibilidad y tratamiento fiscal ventajoso para que los Estados Miembros que lo deseen regulen una Cuenta de Ahorro e Inversiones o mejoren el régimen fiscal de los instrumentos de ahorro e inversión que ya existan en su Derecho nacional. Ver más

Fiscalidad Contenciosa

En 2025 el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto una de las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (ver más) sobre la adecuación al principio de capacidad económica del sistema de cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (IS), para los contribuyentes del IS con un importe neto de la cifra de negocios superior a 10 M€. En concreto, el TC en su sentencia de 20 de noviembre de 2025 analiza la adecuación al citado principio de capacidad económica del pago fraccionado mínimo, que pivota sobre el resultado contable corrido del periodo de liquidación y que, por tanto, se aparta de la base imponible (corrida) propia de la liquidación principal del IS. El TC, en su sentencia de 20 de noviembre de 2025, desestima (con un voto particular disidente de cinco magistrados) la cuestión de inconstitucionalidad, por entender que el principio de capacidad económica rige con menor intensidad en los pagos a cuenta. Con esta sentencia se cierra una de las vías de oposición al pago fraccionado mínimo, pero no se cierran todas. Algunas de ellas planteadas ya en varios recursos de casación admitidos a trámite en 2024 y 2025 por el Tribunal Supremo. Ver más

El TC ha admitido a trámite en 2025 una cuestión de inconstitucionalidad sobre la aplicación de la regla del valor de referencia de los inmuebles en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), ya que podría vulnerar el principio de capacidad económica. Si el TC acaba declarando la inconstitucionalidad sería muy posible que limitara los efectos de su decisión, como ha ocurrido en las últimas sentencias, con lo que resulta oportuno analizar la conveniencia de instar la rectificación de autoliquidaciones previas. Ver más

Por otra parte, la nueva figura de la autoliquidación rectificativa, aprobada por la Ley 13/2023 (ver más) y por el Real Decreto 117/2024 (ver más), como forma de rectificación única (salvo alguna excepción) de los errores que hayan podido cometer los contribuyentes en sus autoliquidaciones previas requería la adaptación de los modelos oportunos, mediante la aprobación de órdenes ministeriales.

En 2025 se ha aprobado la orden mediante la que se adaptan en este sentido los modelos de autoliquidación del IRPF (ver más) y del IS (ver más), ambas para los ejercicios 2024, uniéndose esta adaptación a la que ya se produjo en 2024 en los modelos del IVA.

Inmobiliario y Urbanismo

Inmobiliario

Las principales novedades en materia inmobiliaria afectan al sector residencial. Destacamos las siguientes:

• Ha entrado en vigor el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de corta duración que exige que los alojamientos que van a ser comercializados en plataformas digitales como arrendamientos de temporada dispongan de un número de registro de alquiler. Ver más
• Se ha modificado la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, para exigir que los propietarios de viviendas que quieran alquilar pisos en los términos establecidos en la normativa sectorial turística obtengan la aprobación previa de la comunidad de propietarios. Ver más
• Se ha suprimido la “golden visa inmobiliaria” que, entre otros puntos, permitía solicitar un visado de estancia o de residencia a los extranjeros que adquirían inmuebles en España por un valor igual o superior a 500.000€. Ver más
• Varios municipios del País Vasco, Galicia y Navarra han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado (“ZMRT”). En estos municipios (y en los municipios de Cataluña que fueron declarados ZMRT durante el 2024) la renta de los arrendamientos de vivienda está limitada a los índices de referencia. Puede consultarse las ZMRT en la página web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
• En Cataluña se han introducido nuevas obligaciones de información en las ofertas y en los contratos de arrendamiento de viviendas ubicadas en ZMRT y se ha endurecido el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa de contención de rentas. Ver más
• Asimismo, en Cataluña se ha ampliado el ámbito subjetivo de los sujetos obligados a inscribirse en el Registro de Grandes Tenedores y se han incrementado los supuestos de derecho de tanteo y retracto de la Generalitat a las transmisiones de viviendas ubicadas en ZMRT propiedad de grandes tenedores personas jurídicas y a la adjudicación de viviendas que provengan de una subasta administrativa o judicial. Ver más
• A nivel jurisprudencial, el Tribunal Supremo ha declarado la improcedencia del retracto arrendaticio en una operación de venta en globo de todas las viviendas titularidad del arrendador en un edificio y de todas las unidades propiedad del transmitente en otras promociones inmobiliarias. Ver más    

Urbanismo

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) aprobaron el pasado 12 de noviembre la Directiva de Vigilancia del Suelo (Directiva (UE) 2025/2360), que establece por primera vez un marco jurídico común para la protección, evaluación y gestión sostenible del suelo en la UE. Ver más

La Comunidad de Madrid ha aprobado el Plan RESIDE, una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid cuya finalidad es proteger e incentivar el uso residencial a la vez que se garantiza una mejor ordenación de la actividad turística. Ver más

El Ayuntamiento de Vigo aprobó definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad, que apuesta por el uso residencial e incluye una nueva regulación de los pisos y viviendas de uso turístico. Ver más

En el ámbito jurisprudencial, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina, en dos sentencias (STS 708/2025, de 5 de junio de 2025, ECLI:ES:TS:2025:2615, y STS 720/2025, de 9 de junio, ECLI:ES:TS:2025:2764), que afecta de manera relevante a los convenios urbanísticos que no incluyan una estipulación expresa sobre su plazo de vigencia. Ver más

Por su parte, el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia de 13 de marzo de 2025 desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley catalán 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. Ver más

Laboral

Extinción del contrato de trabajo

Limitaciones a la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente 
Se ha suprimido la posibilidad de extinguir automáticamente el contrato de trabajo con causa en la declaración de incapacidad permanente, absoluta o gran incapacidad, en determinados supuestos. Ver más

Extinción del contrato de trabajo por incumplimientos del empleador
Una persona trabajadora puede instar la resolución indemnizada de su contrato de trabajo con derecho a indemnización por el retraso en el pago de salarios justificativo de la extinción si se supera en más de 15 días la fecha de abono, en virtud de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Asimismo, establece que concurre causa extintiva si el empleador adeuda tres mensualidades completas en un año o si hay retrasos en seis meses, aunque no sean consecutivos.

Indemnización por despido improcedente
El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 16 de julio de 2025 (núm. 736/2025, Sala de lo Social), que la cuantía de la indemnización por despido improcedente establecida en el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores es suficiente y conforme con el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta Social Europea revisada. Ver más

Tiempo de trabajo y registro de jornada

Tras el rechazo por el Congreso de los Diputados de la tramitación del Proyecto de Ley de reducción de jornada laboral, el Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2025 ha autorizado la tramitación urgente de un proyecto de Real Decreto centrado exclusivamente en reformar el modo en que las empresas deben llevar a cabo el registro de la jornada laboral ordinaria. El borrador de la norma está pendiente de los preceptivos informes de distintos organismos. Ver más

Sostenibilidad

Conciliación
El Real Decreto Ley 9/2025, de 29 de julio de 2025 por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado ha ampliado la duración del permiso en caso de nacimiento, cuidado o adopción, con una aplicación retroactiva parcial a hechos causantes ocurridos a partir del 2 de agosto de 2024. Ver más.

Igualdad 
Conforme al Tribunal Supremo, en su sentencia de 7 de mayo de 2025 (núm. 388/2025, Sala de lo Social), la falta de respuesta de los sindicatos a la convocatoria para negociar el plan de igualdad no permite su aprobación unilateral por la empresa, salvo en situaciones excepcionales de bloqueo negocial, debidamente acreditadas, y siempre de forma provisional. Ver más

Plazos para la implantación de medidas LGTBI
Las empresas con más de 50 personas trabajadoras están obligadas desde el 10 de abril de 2025 a implementar medidas LGTBI, independientemente de su aprobación en los convenios colectivos, e incluir un protocolo contra el acoso. Ver más

Movilidad Sostenible 
La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible establece un nuevo marco normativo para promover una movilidad más sostenible, inclusiva y eficiente en España. Entre las medidas laborales, destaca la obligación de elaborar y negociar planes de movilidad sostenible para las empresas con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, en un plazo de 24 meses.

Gestión del absentismo

En relación con la gestión del absentismo, recordemos que la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación y las decisiones judiciales han elevado notablemente el nivel de exigencia en el diseño de incentivos retributivos para incentivar la asistencia al trabajo. En 2025, la Audiencia Nacional ha declarado nulas políticas empresariales que restringían el cobro de la retribución variable por la ausencia por IT, calificándola de discriminación directa por salud. No obstante, existen otros pronunciamientos que matizan esta doctrina, admitiendo ciertos esquemas siempre que se respete la proporcionalidad y se justifique la medida. Ver más

Seguridad Social

Cotización
El Criterio Interpretativo 21/2024 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social clarifica aspectos clave de la cotización de solidaridad, aplicable desde 1 de enero de 2025, que tiene por efecto el incremento gradual de las cuotas a la Seguridad Social. Sobre el criterio, ver aquí, y sobre la cotización adicional, ver aquí.

Reparto de dividendos en pandemia
La sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de junio de 2025 (rec. 12/2025, Sala de lo Contencioso-Administrativo) se ha pronunciado sobre el alcance de la prohibición de reparto de dividendos en las empresas que hubieran aplicado exoneraciones en las cuotas de Seguridad Social en ERTE relacionados con la pandemia y declara que se pueden repartir reservas de años anteriores. Ver más

Inspección De Trabajo 
El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que guiará la actuación de los miembros de la ITSS en los próximo tres años, tiene como ejes vertebradores el control de la temporalidad, de los contratos fijos discontinuos y la negociación colectiva. Asimismo, se da relevancia a la digitalización, al big data y se refuerza el cuerpo de inspectores. Ver más

Inteligencia Artificial

Desde el 2 de febrero de 2025 es aplicable la obligación de alfabetización en materia de IA prevista en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024. Además, el Reglamento establece prácticas prohibidas, entre las que se incluye la inferencia de emociones en el lugar de trabajo, excepto cuando sea por motivos médicos o de seguridad. Ver aquí y  aquí.

Litigación

Eficiencia procesal: Tribunales de Instancia, MASC y otras modificaciones

La Ley Orgánica 1/2025 incluyó medidas de eficiencia organizativa y procesal que habían sido anunciadas anteriormente, pero que estaban pendientes de implementación. Entre ellas destacan especialmente la transformación de los juzgados de primera instancia en tribunales de instancia y el requisito de procedibilidad consistente en haber acudido a los denominados “MASC” (métodos adecuados de solución de controversias) antes de la interposición de la demanda. Entre las restantes modificaciones procesales es muy relevante la reversión de la realización de los primeros emplazamientos a las empresas de forma íntegramente electrónica (que había sido introducida por el Real Decreto-ley 6/2023). Tras esta nueva modificación, se exige notificación domiciliaria antes de acudir a la notificación edictal tras el intento de emplazamiento electrónico infructuoso. Ver más

Normativa pendiente: acciones de representación

Por otra parte, la Directiva 2020/1828/UE, relativa a acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, continúa pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español. En 2025 la regulación sobre esta cuestión inició su tramitación parlamentaria por tercera vez. Actualmente, se encuentra en el Congreso en fase de presentación de enmiendas, la cual se ha ido prorrogando desde el 24 de marzo de 2025. Ver más

Mercado de Capitales

BME Easy Access: nuevo procedimiento flexible de salida a bolsa

La normativa de admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas ha sido modificada para introducir una nueva modalidad de salida a bolsa más flexible. Este nuevo procedimiento permite la admisión directa (listing) de las acciones en un segmento especial, sin exigir inicialmente un mínimo de capital flotante (free-float). Las compañías dispondrán de un plazo de 18 meses para cumplir con este requisito. Ver más

Reforma del marco europeo de titulización

Entre las medias claves del SIU (ver el apartado de Financiero y Regulatorio Financiero) en junio 2025 la Comisión europea publicó la propuesta de modificación del Marco Europeo de Titulización (EU Securitisation Framework). Esta reforma responde a la constatación de que el régimen vigente, heredero de la crisis de 2008, ha devenido excesivamente gravoso y mantiene a muchos emisores e inversores fuera del mercado. Ver más

Paquete de integración y supervisión del mercado único de servicios financieros

Otra de las iniciativas encuadradas en la SIU es el paquete legislativo que presentó en diciembre la Comisión para tratar de eliminar obstáculos al mercado único de servicios financieros de la UE y liberar así todo su potencial. Los principales objetivos de este paquete son: (a) facilitar la prestación de servicios transfronterizos en los segmentos de contratación y post-contratación; (b) mejorar el acceso y la operativa de los fondos de inversión y gestores de activos en el mercado único mediante la armonización normativa; (c) fomentar la innovación tecnológica, especialmente el uso de la tecnología DLT; (d) homogeneizar la regulación convirtiendo directivas en reglamentos, y (e) reforzar la supervisión otorgando mayores competencias a la ESMA sobre infraestructuras clave y servicios de criptoactivos. Ver más

Reestructuraciones

Tendencias judiciales de interpretación  de la reforma concursal

La experiencia en los tribunales en torno a los planes de reestructuración preconcursales durante 2025 ha traído un escrutinio judicial de más calado, con una mayor profundidad en la aplicación de criterios y un repunte notable de la litigiosidad, incrementando en cierta medida la previsibilidad de la disciplina, aunque permanece la disparidad y polémica interpretativa en ciertos aspectos.

Entre las tendencias que deben ser destacadas hay que aludir a: la intensificación de la revisión judicial de oficio y el aumento de denegaciones de homologación; la concesión de prórrogas de los efectos de la comunicación de inicio de negociaciones adicionales a la primera; la inclusión como créditos afectados de la financiación interina en clase separada, con alguna excepción notable; el debate sobre la necesidad de experto en reestructuración en todos los planes no consensuales; la consolidación de la prueba de resistencia en caso de apreciar defectos del plan de reestructuración; la afectación de garantías intragrupo prestadas por sociedades no reestructuradas; y el incremento de planes de reestructuración promovidos por acreedores con la oposición del deudor y sus socios, que culminan en cambios de control mediante capitalización de créditos, destacando los casos Rator e Inparsa.

Puede consultarse un estudio detallado de estas tendencias y de los principales criterios aplicados por los tribunales durante este tercer año de aplicación práctica de la reforma concursal en nuestra Guía “Balance del tercer año de aplicación de la reforma concursal”, publicada en noviembre 2025. Ver más

Sociedades

Fin de la moratoria societaria"

Al cierre del ejercicio 2025 finaliza la “moratoria societaria”, aprobada durante la COVID-19 —y prorrogada o restablecida en varias ocasiones—, que es relevante para la causa de disolución obligatoria por pérdidas graves prevista en la Ley de Sociedades de Capital. Para evitar la responsabilidad por deudas del art. 367 LSC, al cierre del ejercicio, los administradores deberán verificar si concurre dicha causa de disolución computando las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 y, en su caso, convocar junta general en el plazo de dos meses para que acuerde remover la causa de disolución o disolver la sociedad. Ver mas

Modificaciones estructurales

Se han publicado las primeras resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aplicando las reglas aprobadas en 2023 para las fusiones y escisiones. En ellas, la Dirección General analiza el requisito del informe de los administradores para los trabajadores en el caso de las fusiones especiales (ver más) y sostiene que el certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere solo a las estatales (ver más).  

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Entre las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en materia societaria, destacamos las siguientes:

• Sobre la prohibición de voto del socio en junta cuando el acuerdo tiene “por objeto… liberarle de una obligación o concederle un derecho” (art. 190.1.c LSC), el Supremo aclara que dicha prohibición solo opera si la liberación o concesión se sitúa en el puro ámbito del contrato de sociedad o tiene origen en un acto unilateral de la sociedad. Ver más
• En relación con una acción social de responsabilidad de los administradores por una infracción tributaria de la sociedad, el Supremo limita dicha responsabilidad a la sanción impuesta por la AEAT, sin comprender toda la deuda tributaria. Ver más
• Sobre pactos parasociales, el Supremo se pronuncia las cláusulas que refuerzan las mayorías en junta general y confirma la validez de la unanimidad “de facto”. Ver más

Sostenibilidad

Consumo Sostenible

En julio se publicó el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible en materia de competencia desleal, greenwashing, reparación de productos y transparencia. Pueden consultarse las novedades que introduciría esta norma aquí y aquí.

Finanzas Sostenibles

Tras la entrada en aplicación del Reglamento de Bonos Verdes Europeos (EUGB) el 21 de diciembre de 2024 (ver más), en 2025 se han realizado las primeras operaciones bajo este marco, inaugurando el uso del nuevo estándar; entre ellas, la primera operación que combina simultáneamente la etiqueta EUGB con la alineación a los Principios de Bonos Verdes de ICMA, demostrando la convivencia práctica entre el régimen legal europeo y los estándares voluntarios del mercado.

En paralelo, LMA e ICMA han reforzado y actualizado sus marcos para productos financieros con etiqueta ESG con los Principios de los préstamos de transición (LMA) y las Directrices sobre bonos de transición climática (ICMA) de 2025. Ver más

La Comisión Europea ha presentado su propuesta de revisión del Reglamento de divulgación en finanzas sostenibles, conocida como SFDR 2.0. con el objetivo de simplificar su regulación, reforzar la protección del inversor y combatir el greenwashing. Ver más

Medioambiente

Textil y alimentación
Con fecha 26 de septiembre de 2025 se publicó en el DOUE la Directiva (UE) 2025/1892, que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. La nueva norma establece medidas reforzadas para los sectores textil y alimentario, identificados como sectores con un uso intensivo de recursos susceptible de provocar externalidades ambientales negativas. Ver más

Alimentación (medidas sectoriales específicas en España)
El 1 de abril se aprobó la Ley 1/2025, que tiene como objetivo reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y promover la economía circular y la sostenibilidad. Su ámbito de aplicación abarca todas las actividades relacionadas con la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos en España.

Envases
El 22 enero de 2025 se publicó el nuevo Reglamento europeo de envases y residuos de envases (Reglamento (UE) 2025/40), que modifica y deroga el anterior marco directivo y establece normas directamente aplicables orientadas a reducir el impacto ambiental de los envases y sus residuos. El Reglamento entró en vigor el pasado 11 de febrero y será aplicable desde el 12 de agosto de 2026. Ver más

Economía circular
ISO ha publicado la norma ISO 59040:2025 —Economía circular: Hoja de datos de circularidad de productos— que establece una metodología general para el intercambio de información que apoya la interoperabilidad de la información relacionada con la economía circular, facilitando la comunicación consistente y verificable de atributos de circularidad entre fabricantes, distribuidores, clientes y gestores de residuos, habilitando decisiones de compra y diseño alineadas con la circularidad y mejorando la trazabilidad y comparabilidad a lo largo del ciclo de vida del producto.

Huella de Carbono
El 12 de abril de 2025 se publicó el Real Decreto 214/2025, cuyo objeto es doble: (i) establecer la obligación del cálculo de la huella de carbono, del establecimiento de un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de su publicación para el conjunto de empresas e instituciones especificados en su texto; y (ii) regular el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Este Real Decreto está dirigido principalmente a grandes empresas y entidades del sector público estatal. Ver más

Neumáticos al final de su vida útil
El 27 de agosto se publicó el Real Decreto 712/2025, de 26 de agosto, sobre neumáticos al final de su vida útil, el cual regula la responsabilidad ampliada de los productores de neumáticos.

La UE propone fijar un objetivo climático vinculante del 90 % para 2040
La Comisión Europea ha publicado una propuesta para modificar el Reglamento 2021/1119/UE (la “Ley Europea del Clima”) con el fin de establecer en la Unión Europea un objetivo climático vinculante consistente en una reducción del 90 % de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040, en comparación con los niveles de 1990, como paso intermedio hacia la consecución de la neutralidad climática en 2050. Ver más

Directiva de vigilancia y resiliencia del suelo 
El 26 de noviembre de 2025 se publicó la Directiva 2025/2360, la cual constituye el primer marco jurídico a nivel europeo para la protección, evaluación y gestión sostenible del suelo. Sus obligaciones se dirigen a los Estados miembros —no a particulares—, aunque su implementación tendrá consecuencias prácticas en la ordenación del territorio, la gestión de riesgos y las operaciones inmobiliarias y, con más intensidad, en sectores como infraestructuras, energía, agroalimentario e industrial. Ver más

Movilidad sostenible
Como señalamos en el apartado de Laboral, el 4 de diciembre se publicó la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, la cual introduce un marco normativo integral para promover la movilidad sostenible en España. Entre sus medidas destacan la obligación para determinadas empresas y grandes centros de actividad de implantar un plan de movilidad sostenible. Ver más

Omnibus I

La UE está llevando a cabo una profunda revisión de la normativa de información y debida diligencia en materia de sostenibilidad (ver más). Ante la amplitud de esta reforma, en 2025, se ha aprobado un aplazamiento y flexibilización de algunas obligaciones a través de la Directiva Stop-the-Clock (ver más) y el Reglamento Quick Fix (ver más).

A nivel sustantivo, (i) se ha aprobado una simplificación de la taxonomía ambiental —aplicable a partir del 1 de enero de 2026— (ver más), (ii) el EFRAG presentó el 3 de diciembre a la Comisión su propuesta de simplificación de los ESRS, y (iii) se espera la votación de la reforma en el pleno del Parlamento el próximo 16 de diciembre. En caso de aprobación, el texto final será remitido al DOUE para su publicación.

En España, el ICAC y la CNMV han publicado unas recomendaciones para aquellas empresas que deberían haber estado afectadas por la Directiva 2022/2464/UE (Directiva CSRD), que continúa sin transponerse a nuestro ordenamiento jurídico interno. Ver más

Social

En el apartado de Laboral incluimos una referencia a las siguientes novedades:

• Ampliación del permiso por nacimiento. Ver más
• Decisiones judiciales sobre planes de igualdad. Ver más
• Plazo para la implementación de los planes LGTBI. Ver más
• Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible. Ver más